Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Un juez federal ordenó reabrir la investigación complementaria por tres meses contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de liderar una presunta organización criminal dedicada al huachicol fiscal desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). La resolución de la jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Centro de Justicia Penal Federal, se tomó tras determinar que la Fiscalía General de la República (FGR) vulneró el derecho de defensa al negarse de forma reiterada a entregar la totalidad de la carpeta de investigación al despacho defensor.
El caso, identificado como causa penal 325/2025, involucra a Farías Laguna, quien se encuentra recluido en el penal del Altiplano, y a su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, quien está prófugo. Se les señala como presuntos operadores de la organización “Los Primos”, dedicada al contrabando de combustible. La investigación se centra en el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas, ocurrido en marzo de 2025.
La defensa del exmilitar, a cargo del despacho Epigmenio Mendieta, logró un amparo para acceder al expediente completo después de que la FGR incumpliera un plazo de cinco días para facilitar la información. Ante la negativa persistente del Ministerio Público, la jueza Vieyra determinó que la única forma de reparar la violación procesal era reabrir el plazo para la investigación complementaria, otorgando tres meses más para realizar peritajes y diligencias.
Previo a esta resolución judicial, el imputado Manuel Farías Laguna había enviado una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, denunciando violaciones a sus derechos dentro del proceso. El caso destaca por involucrar a altos mandos de la Secretaría de Marina en un esquema de corrupción y desvío de recursos desde una institución clave para el control fiscal como la Aduana.
La reapertura de la investigación representa un revés para la FGR, que deberá ahora transparentar las evidencias en un plazo perentorio mientras el proceso penal continúa su curso. El desenlace de este caso es observado como una prueba para el sistema de justicia federal en casos de corrupción de alto perfil dentro de las fuerzas armadas.