Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que propone establecer penas de prisión de 40 a 70 años para este delito. La medida fue presentada el 25 de marzo en la capital del país con la participación de funcionarios federales clave en materia de justicia y derechos de las mujeres.
Entre los involucrados en la presentación de la iniciativa se encuentran Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, y Ernestina Godoy, fiscal general de la República.
La propuesta legislativa busca establecer una ley general que homologue criterios en todas las fiscalías del país. De acuerdo con la información disponible, la iniciativa propone un tipo penal único a nivel nacional para el feminicidio, lo que permitiría estandarizar la persecución de este delito en todo el territorio mexicano.
Además de las sanciones penales, la iniciativa incluye disposiciones para sancionar la tentativa de feminicidio. También establece la obligación del Ministerio Público de investigar de inicio cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio, modificando los protocolos actuales de actuación ministerial.
Otra disposición contemplada en la propuesta es la creación de un registro nacional de orfandad para hijos de las víctimas de feminicidio. Este mecanismo buscaría dar seguimiento y apoyo a los menores que quedan en situación de vulnerabilidad tras perder a sus madres por violencia de género.
La presentación de esta iniciativa se da en un contexto de preocupación por los altos índices de violencia contra las mujeres en México. La homologación de criterios entre las diferentes fiscalías estatales ha sido demandada por organizaciones civiles durante años para evitar discrepancias en la clasificación y persecución de estos delitos.
La iniciativa será enviada al Senado de la República para su discusión y eventual aprobación. De ser aprobada, esta ley general marcaría un precedente en la legislación mexicana al establecer parámetros uniformes para la investigación y sanción del feminicidio en todo el país.