Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- La iniciativa de reforma electoral conocida como ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, generó un intenso debate y reservas entre los partidos políticos, con críticas por el recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE), la eliminación de la paridad en ayuntamientos y la fecha propuesta para la revocación de mandato. El PAN calificó la propuesta de ‘farsa’ y advirtió sobre ‘torpezas vulgares’, mientras que el Partido del Trabajo anunció su respaldo, pero con importantes reservas sobre el proceso de revocación, prefiriendo que se realice en 2028 y no en 2027.
Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, criticó que la iniciativa no aborda problemas de fondo como el dinero del narcotráfico en las elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena. “Se trata de una farsa”, señaló Anaya, quien advirtió sobre riesgos a la equidad democrática, especialmente por la posibilidad de que el Ejecutivo participe en campañas durante el proceso de revocación. El diputado Rubén Moreira coincidió, calificando la propuesta como un retroceso democrático diseñado para influir en los comicios de 2027.
Desde el Partido del Trabajo, aunque anunciaron su respaldo al Plan B, surgieron posturas divergentes. Benjamín Robles, dirigente nacional del PT, expresó reservas sobre la fecha de la revocación de mandato, prefiriendo que se realice en 2028 para evitar riesgos a la equidad y cuestionó que el proceso sea impulsado desde el gobierno y no por la ciudadanía. En contraste, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que respaldará la iniciativa y votará a favor, a pesar de las reservas expresadas por otros miembros de su partido.
Uno de los puntos más polémicos es el recorte presupuestal progresivo del 15% al INE en cuatro ejercicios fiscales y el establecimiento de un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para los consejeros, quienes actualmente perciben alrededor de 262 mil pesos brutos al mes, más que la propia presidenta de la República. El INE ha defendido su autonomía presupuestal y sus altos sueldos, señalando que los choques por este tema vienen desde 2018.
La reforma también contempla cambios en la integración de los ayuntamientos, afectando a 56 municipios con reducción de regidurías y a 1,089 con aumento, lo que según el PAN podría generar mayores costos operativos. El debate se enmarca en una larga confrontación entre el INE y el poder Ejecutivo, que se intensificó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que ahora continúa con la administración de Claudia Sheinbaum.
La revocación de mandato, utilizada por primera vez en 2022, se perfila nuevamente como un instrumento de promoción política, según los críticos. Mientras la iniciativa avanza en el Senado, las reservas del PT y la oposición frontal del PAN podrían complicar su aprobación, aunque Morena y sus aliados cuentan con la mayoría necesaria para impulsarla, lo que anticipa una votación polarizada en las próximas semanas.