Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- El Senado de la República recibió este martes el llamado Plan B de reforma electoral presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, una iniciativa que modifica la revocación de mandato, reduce el número de regidores municipales e impone topes salariales a funcionarios electorales, tras el rechazo de una propuesta más amplia en la Cámara de Diputados. El paquete, que debe aprobarse antes de septiembre de 2026 por restricciones constitucionales, ya generó divisiones al interior de la coalición oficialista y críticas de la oposición, que lo calificó como un intento de debilitar instituciones autónomas.
La propuesta establece una reducción en el número de regidores por municipio, que pasaría de un rango de entre 7 y 15, y fija un tope presupuestal para los congresos locales equivalente al 0.7% del presupuesto estatal. Además, modifica las reglas para la revocación de mandato presidencial, permitiendo expresamente que la titular del Ejecutivo realice campaña a favor de su continuidad y adelantando el proceso al tercer año de gobierno. Otra medida polémica es la eliminación del principio de paridad de género en las regidurías.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, defendió la iniciativa como un paso necesario hacia la austeridad republicana y anunció que se trabaja en una reforma judicial complementaria. Por su parte, el líder del PVEM, Manuel Velasco, declaró el apoyo unánime de su bancada, aunque esta afirmación se vio inmediatamente cuestionada por la solicitud del senador Luis Armando Melgar, de ese mismo partido, de revisar el texto previamente antes de ratificar su voto.
Desde la oposición, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, arremetió contra la propuesta, señalando una contradicción fundamental: mientras se promueve como una medida de austeridad, autoriza a la presidenta a utilizar recursos públicos no especificados para hacer campaña durante el proceso de revocación. “Es un plan que debilita la democracia municipal y concentra más poder”, afirmó.
El contexto de la iniciativa se enmarca en el rechazo del Plan A en la Cámara baja y en el escrutinio sobre el uso de recursos, luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) reportara 741 carpetas de investigación iniciadas durante 2025. La Secretaría de Gobernación, a cargo de Juan Ramiro Robledo Ruiz, será la encargada de promover los consensos necesarios para su aprobación en un Senado donde la coalición oficialista busca consolidar los votos del PVEM y del PT, cuya posición oficial aún no se ha definido públicamente.
El debate en el Senado se prevé intenso, pues además de las críticas por el contenido, existe información faltante clave, como el texto completo de la iniciativa, el impacto presupuestal exacto de las medidas y los detalles de la reforma judicial paralela mencionada por Monreal. El plazo constitucional obliga a que la discusión y votación concluyan en los próximos meses, definiendo el rumbo de la arquitectura electoral para el resto del sexenio.