Ciudad De México, 01 de abril de 2026.- Representantes de la iniciativa ‘Manifiesta tu Ciudadanía’ hicieron un llamado a establecer un diálogo de alto nivel con las autoridades fiscales tras la revocación del estatus de donatarias autorizadas a más de un centenar de organizaciones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El llamado urgente para el diálogo se realizó el 27 de marzo de 2026. La red, integrada por 37 organizaciones de la sociedad civil que operan en nueve estados del país y tienen alcance sobre aproximadamente 400 OSC, presentó un oficio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Bienestar y el SAT solicitando una mesa de trabajo.
David Pérez Rulfo, integrante del Consejo Directivo de la iniciativa, señaló que buscan “un diálogo con las autoridades porque consideramos que el espacio cívico, que es donde actúan las asociaciones civiles y en especial las donatarias autorizadas, está salvaguardado por el artículo noveno de nuestra constitución”. Las actividades de estas organizaciones abarcan desde asistencia social hasta defensa de derechos, pasando por temas ambientales y de desarrollo.
Sobre el marco legal, Pérez Rulfo aclaró: “No es ni un permiso para recibir donativos ni la deducibilidad se deduce de los impuestos resultantes a pagar”. Explicó que las organizaciones están reguladas por el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que la deducibilidad de donativos se aplica sobre la base gravable con un límite del 7% de las utilidades declaradas. En este esquema, afirmó que “70 centavos de cada peso que ese donante le otorga son de su bolsillo”.
Los representantes de las organizaciones denunciaron un endurecimiento en la regulación. “De ser un incentivo fiscal se convirtió en una espada de Damocles”, dijo Pérez Rulfo, quien agregó: “Somos más regulados que los giros negros, que los casinos y que los bares”. Detalló que existen disposiciones vinculadas a la prevención de lavado de dinero y una restricción de destinar solo el 5% de sus ingresos a gastos administrativos.
Una de las críticas centrales es que la cancelación del estatus de donataria se notifica sin un proceso judicial previo. “El derecho de audiencia, de ser escuchados y de tener un juicio, no opera para las donatarias autorizadas”, manifestó Pérez Rulfo, quien sostuvo que existe “una asimetría total” frente a otras personas morales y aseguró que “no hay casos en los últimos años en México” con estas características.
En un comunicado, la red Manifiesta tu Ciudadanía expresó: “Creemos firmemente que es posible construir soluciones conjuntas que permitan garantizar el cumplimiento de la ley sin obstaculizar el trabajo legítimo y necesario de las OSC”. Pérez Rulfo recordó que los primeros signos de esta situación comenzaron a observarse desde 2019: “Se cancelaron apoyos, desapareció el Indesol [Instituto Nacional de Desarrollo Social], que era nuestra ventanilla de relación con el gobierno, y el diálogo prácticamente se cerró”.
