Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y activistas han denunciado un patrón regional de represión estatal que abarca desde el desmantelamiento de políticas de memoria en Argentina hasta desapariciones forzadas y confiscación de bienes a opositores en Venezuela y Nicaragua, así como la desaparición de deportados en El Salvador. Las acusaciones involucran a los gobiernos de Javier Milei en Argentina, Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, y la administración de El Salvador, señalando un endurecimiento de políticas migratorias y persecución política.
En Argentina, se reportó que 5,000 personas no fueron admitidas o fueron expulsadas en los últimos dos meses, mientras que en 2024 se deportó a 620 individuos, un incremento del 40% respecto al año anterior. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional de Argentina, ha anunciado medidas en este contexto, mientras organizaciones como Human Rights Watch, representada por Juanita Goebertus, alertan sobre el desmantelamiento de políticas de memoria relacionadas con las 30,000 personas desaparecidas durante la dictadura histórica del país. Además, se destacan protestas socioambientales lideradas por mujeres en Mendoza, incluyendo a Macarena Limousin, y la participación de la economista Mercedes D’Alessandro en el debate público.
En Venezuela y Nicaragua, la situación se agrava con la desaparición de dirigentes y la confiscación de bienes a opositores. Lilian Tintori ha realizado denuncias públicas, mientras se reporta la desaparición del dirigente chavista Carlos Brenes. Opositores como William Dávila, Enrique Márquez y Leopoldo López, junto con activistas como Amaru Ruiz y Thelma Brenes, figuran entre los involucrados en este contexto de crisis política, aunque no se especifica el estado de salud actual de Dávila tras su liberación ni los cargos detallados contra los venezolanos cuyos bienes fueron confiscados.
En El Salvador, la controversia se centra en la desaparición de 11 salvadoreños deportados desde Estados Unidos, entre ellos César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’. Mientras el gobierno de EE.UU. y las autoridades salvadoreñas acusan a los deportados de pertenecer a la pandilla MS-13, familias de las víctimas y Human Rights Watch niegan dicha condición para la mayoría de los casos, señalando falta de evidencia concreta más allá del líder mencionado. Se estima que más de 9,000 salvadoreños fueron deportados desde EE.UU. en 2025, de los cuales el 10% tenía antecedentes penales, y más de 250 venezolanos corrieron la misma suerte.
Las contradicciones en los discursos oficiales y la falta de evidencia pública para vincular a la mayoría de los deportados desaparecidos con actividades criminales han generado alertas sobre posibles desapariciones forzadas. No se ha registrado una respuesta oficial del gobierno salvadoreño a la acusación específica de Human Rights Watch sobre este fenómeno, ni se conoce el estatus legal actual del proyecto minero San Jorge en Mendoza, vinculado a las protestas locales.
Este escenario refleja un endurecimiento de políticas migratorias en la región, inspirado en modelos restrictivos, y una sistemática violación de garantías individuales documentada por testimonios de víctimas directas y organismos internacionales. La falta de información precisa sobre la ubicación de las redadas en Argentina y los nombres completos de otros deportados salvadoreños desaparecidos mantiene la incertidumbre sobre el destino de miles de personas en medio de la crisis política latinoamericana.