Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar la situación de México, con carácter urgente, ante la Asamblea General. El organismo activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita el caso.
El CED concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. El comité basa su evaluación en el hecho constatado de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país.
Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, subrayó que lo que define a un crimen de lesa humanidad es el patrón de los ataques contra la población civil. “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del Gobierno, lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó.
El CED citó como prueba de la gravedad el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos localizados, la mayoría sin identificar. El comité señaló la falta de una mejora sustancial desde su visita en 2021 y advirtió que en algunos casos denunciados las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos, o al menos su apoyo o aquiescencia.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente la resolución del CED. La dependencia calificó el informe como tendencioso y sesgado, y acusó al comité de ignorar las actualizaciones y análisis presentados por la administración actual. “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, declaró la SRE.
El gobierno mexicano alegó que el marco del CED no corresponde a la realidad del país y argumentó que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Las autoridades señalaron que el propio CED admite en su resolución que no hay una política federal de ataques sistemáticos.
El gobierno afirmó que se han emprendido transformaciones estructurales desde 2019 y con reformas clave en julio de 2025, incluyendo la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda y la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte. México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año.
Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano ante la decisión del comité. “Es una muy mala señal”, señaló Corcuera, quien lamentó que no se esté aprovechando el momento para reconocer la gravedad del fenómeno.