Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones, calificándolo de una decisión parcial, sesgada y tendenciosa. En respuesta, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU solicitó al secretario general, António Guterres, que remita de forma urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el Comité de Desapariciones Forzadas no consideró los esfuerzos institucionales ni estudió la información actualizada proporcionada por el Estado, incluyendo observaciones y análisis sobre las reformas impulsadas en 2019 y 2025. El gobierno mexicano acusó que el informe se presentó con omisiones, pues no se tomó en cuenta la información entregada el 27 de marzo antes de la publicación del documento.
Según la administración federal, el procedimiento aplicado por el Comité está diseñado para contextos donde las cifras de desaparecidos son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual argumentan no corresponde a la realidad actual del país. El gobierno reclamó que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y criticó que se limite a cuatro entidades. Además, citaron que el propio informe reconoce que no existen indicios de una política federal orientada a cometer este tipo de violaciones.
Por su parte, la decisión del CED, publicada el 2 de abril de 2026, establece que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. El organismo señaló que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y partes del territorio nacional. Aunque el Comité tomó nota de la postura del Gobierno de México de que muchas desapariciones son perpetradas por grupos delictivos, indicó que en algunos casos recibió información fundamentada sobre la participación directa de funcionarios públicos, o su autorización, apoyo o aquiescencia.
El Comité documentó casos específicos, como en Jalisco, donde autoridades están relacionadas con casos registrados en un centro operado por grupos criminales en el Rancho Izaguirre. Asimismo, el reporte menciona que México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819 registros, de los cuales 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026. De estas, 21 corresponden a desapariciones de grupos de migrantes hondureños y cubanos en Chiapas.
Ante la discrepancia sobre la naturaleza de los hechos, Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, declaró: “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”. El gobierno de México reiteró su postura citando los párrafos 117 y 118 de la decisión: “El propio Comité reconoce… que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
La organización civil Idheas señaló que el escenario revela fallas estructurales en los sistemas de búsqueda implementados por el Gobierno. En un comunicado, la organización indicó: “El procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitario, se ha convertido —en el caso mexicano— en un instrumento recurrente, lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación”. El CED aclaró que su procedimiento es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, no establecer responsabilidad penal individual.