Los Ángeles, 31 de marzo de 2026.- El Gobierno de México anunció una ofensiva legal y diplomática para exigir explicaciones a Estados Unidos sobre las condiciones en los centros de detención migratoria gestionados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), tras confirmarse la muerte de 14 connacionales desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración agotará todas las vías para exhibir lo que calificó como una crisis de derechos humanos, luego del fallecimiento más reciente de un mexicano el pasado 25 de marzo.
Como parte de esta estrategia, la Cancillería mexicana se sumará como amicus curiae en la demanda colectiva L.T. Mesrobian, presentada por la organización Public Counsel en Los Ángeles contra el centro de detención de Adelanto, California. La figura jurídica permitirá a México intervenir en el caso para aportar argumentos sobre condiciones que considera violatorias, incluyendo aislamiento punitivo, atención médica y de salud mental limitada, falta de acceso al aire libre y deficiencias en alimentación y agua. En este recinto, gestionado por la empresa privada GEO Group pero bajo responsabilidad jurídica del ICE, se han registrado al menos tres fallecimientos recientes, incluido el de José Ramos-Solano.
La mandataria anunció que será la primera vez que el país presenta un caso de esta naturaleza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Se presentará una audiencia temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención, de la demanda, vamos a dar todos los datos”, declaró Sheinbaum. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviará cartas de protesta a legisladores federales de Estados Unidos, al fiscal de California, Rob Bonta, y al gobernador Gavin Newsom, exigiendo una investigación exhaustiva.
Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería, calificó la situación como “inaceptable” para la protección de los mexicanos en el exterior. Funcionarios mexicanos sostendrán reuniones en Los Ángeles con familiares de las víctimas y organizaciones como la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes para detonar apoyo comunitario. Se reportó que el 50% de los detenidos en Adelanto son connacionales con más de 10 años de residencia en Estados Unidos y que existe un nulo flujo de información sobre su situación, complicando la ayuda consular debido a la ubicación rural del centro.
Entre junio de 2025 y marzo de 2026, mil 809 mexicanos fueron recluidos en el centro de detención de Los Ángeles. De las 14 muertes registradas bajo custodia del ICE en este periodo, cinco ocurrieron en California, tres en Georgia, dos en Arizona, y una en Texas, Florida, Missouri y otra entidad no detallada. Mientras el gobierno mexicano denuncia un patrón sistemático de abusos y negación de atención crítica, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ha rechazado las acusaciones, afirmando que los estándares son adecuados y que en los casos específicos se brindó atención médica y maniobras de reanimación.
En paralelo, una jueza federal ordenó recientemente garantizar el acceso a abogados para los detenidos en el centro Alligator Alcatraz en Florida, tras concluir que las condiciones limitan el derecho a la defensa. Testimonios recopilados indican que las llamadas a legales se caían o eran grabadas. Corene Kendrick, de la Unión Americana de Libertades Civiles, señaló que “el acceso a asesoría legal es un derecho constitucional —no un privilegio— para todas las personas en este país”. Por su parte, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, abordará el tema este martes con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson.