Jerusalén, 31 de marzo de 2026.- La Knesset (Parlamento israelí) aprobó una ley que permite la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por terrorismo. La normativa se aplica específicamente en los tribunales militares de Cisjordania, los cuales juzgan exclusivamente a acusados palestinos.
Respecto a la votación, El País reporta un resultado de 62 votos a favor y 48 en contra, mientras que Aristegui Noticias indica 64 votos a favor y 48 en contra. El primer ministro Benjamín Netanyahu votó a favor de la ley, cuya reforma legal fue impulsada principalmente por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.
La ley obliga a los tribunales militares a castigar con la pena capital el asesinato de israelíes en actos de terrorismo. Los tribunales solo pueden optar por la cadena perpetua si aprecian circunstancias especiales. La decisión de imponer la pena de muerte no requiere unanimidad, basta con mayoría simple, y la normativa elimina el derecho de apelación.
Además, la ley exige la sentencia en un plazo de 90 días y permite las ejecuciones secretas por ahorcamiento. La normativa impone un régimen de aislamiento casi total a los condenados a muerte. Cabe señalar que los colonos israelíes en Cisjordania están sujetos a la legislación civil y no serían juzgados en estos tribunales militares.
La ley no se aplicará retroactivamente a los detenidos en los ataques del 7 de octubre de 2023, aunque la Knesset está tramitando otra iniciativa legislativa que sí prevé aplicar este castigo a posteriori para esos casos. Itamar Ben Gvir declaró: “Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”.
El ministro también calificó la medida como “una medida disuasoria” y una “ley histórica”. Afirmó: “Hoy devolvemos el orgullo al pueblo de Israel […] Hay actores en la UE que nos quieren ver como el 7 de octubre [de 2023, el ataque de Hamás]: muertos, callados y otra vez secuestrados”.
Por su parte, la Presidencia de la Autoridad Palestina condenó la ley, calificándola de racista y una flagrante violación del derecho internacional humanitario. Señaló: “Estas leyes no van a quebrar la voluntad del pueblo palestino ni socavar su resistencia, ni lo disuadirá de seguir con su lucha legítima por la libertad, la independencia y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital”.