Ciudad de Mexico, 28 de marzo de 2026.- Una investigación periodística reveló que el bombardeo realizado conjuntamente por fuerzas de Ecuador y Estados Unidos a principios de marzo de 2026 destruyó una finca ganadera y de producción de leche en el norte de Ecuador, y no un campamento del narcotráfico como afirmaron inicialmente ambos gobiernos.
The New York Times y France 24 documentaron mediante entrevistas con el propietario de la finca, cuatro de sus trabajadores, abogados de derechos humanos y residentes de la zona, que el sitio bombardeado era una propiedad rural productiva sin evidencia de actividades ilícitas. Los testimonios coinciden en que el lugar funcionaba como una granja lechera dedicada a actividades agrícolas legítimas.
Según los trabajadores de la granja, soldados ecuatorianos arribaron en helicóptero a la propiedad a principios de marzo, interrogaron a los empleados y los acusaron de esconder armas y drogas en colaboración con grupos narcotraficantes de la región. Los campesinos relataron que los militares les ataron las muñecas y los golpearon con culatas de armas antes de incendiar estructuras de la finca.
Lina Maria Espinosa, abogada de los detenidos, denunció que sus clientes fueron sometidos a torturas que incluyeron ahogamiento y toques eléctricos. Gilson Vargas, uno de los trabajadores, fue arrestado durante el operativo. Los testimonios indican que tras el ingreso de los soldados, la propiedad fue incendiada y posteriormente bombardeada desde el aire.
El gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, describió los objetivos como parte de una red ilícita y criminal, afirmando en un comunicado que contaba con apoyo de Estados Unidos para atacar lo que definió como un campamento usado para entrenar a aproximadamente 50 narcotraficantes. Sin embargo, esta versión contradice los testimonios locales recopilados por los medios internacionales.
Joseph M. Humire, funcionario militar que declaró ante el Comité de Servicios Armados, afirmó que los ataques contra cárteles en América Latina eran sólo el comienzo y anunció la Operación Exterminación Total. Por su parte, Francis Donovan señaló que los ataques contra botes no eran la respuesta, pero planteó expandir la campaña para combatir a los cárteles en la región.
El incidente generó tensiones entre Ecuador y Colombia, luego de que reportes indicaran que una bomba impactó territorio colombiano durante los operativos. La Alianza por los Derechos Humanos presentó una denuncia de 13 páginas a las autoridades ecuatorianas y a las Naciones Unidas, afirmando que los militares atacaron a población civil en lugar de objetivos relacionados con el narcotráfico.