Al menos cinco focos rojos en la equidad de la contienda electoral que vive el país, fueron identificados durante el periodo de intercampaña, por parte de instituciones y organizaciones de la sociedad civil que conforman el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral.
Al presentar los resultados del monitoreo correspondiente del 19 de enero al 29 de febrero, destacaron como el foco más grave el involucramiento directo y sistemático del presidente de la República en el proceso electoral, a pesar de las múltiples denuncias y sanciones impuestas por las autoridades electorales, ha persistido en vulnerar el principio de neutralidad y ha utilizado recursos públicos para favorecer al partido y la candidata de su preferencia”, refirió el informe.
“Desde el ANIE enfatizamos la necesidad de que todas las personas en cargos públicos,
incluyendo al presidente, se adhieran a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad
en la contienda electoral”, apuntaron los representantes.
El siguiente punto de preocupación es la transgresión sistemática de los límites establecidos para el periodo de intercampañas por parte de las coaliciones y sus precandidaturas, ya que hubo una alta presencia mediática y proselitista lo que genera inequidad y dificulta la fiscalización.
El ANIE llamó a las autoridades electorales a fortalecer sus mecanismos de vigilancia y
sanción para garantizar el cumplimiento del marco jurídico electoral y preservar la equidad en
la competencia electoral.
El tercer foco se enfoca en las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales,
que han enfrentado crisis internas y cuestionamientos sobre su legitimidad y capacidad de
arbitraje. Esto debido a que tanto el INE como el TEPJF han experimentado conflictos y divisiones internas lo que dificulta la toma de decisiones y genera dudas sobre la estabilidad de los criterios aplicados en la organización y fiscalización del proceso electoral.
La persistencia de diversos tipos de violencia que ponen en riesgo directo a los actores
políticos y amenazan el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, también se consideró como foco rojo ante el preocupante aumento de agresiones, amenazas y atentados contra candidaturas, funcionarios públicos y personas involucradas en la contienda. La violencia ha afectado a actores de todos los partidos y ha resultado en al menos 24 asesinatos a aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular.
Y finalmente, señalaron el uso indebido de los procedimientos especiales sancionadores por parte de actores políticos para silenciar el debate libre en redes sociales y medios de comunicación. “Durante el periodo de intercampañas, observamos un aumento en el número de denuncias presentadas por candidaturas y partidos contra periodistas, líderes de opinión y ciudadanos que expresan críticas o cuestionamientos a través de plataformas digitales”, advirtieron.