Por Monserrat Californias
Una nueva polémica envuelve a la iniciativa de Ley de la Guardia Nacional, que será votada en la Cámara de Diputados. El punto que generó mayor controversia es el artículo 44, el cual permitiría a miembros activos de la corporación obtener una licencia especial para desempeñar cargos públicos, incluidos los de elección popular.
Para algunos, esto abre la puerta a la militarización de espacios civiles; para otros, solo equipara derechos ya existentes en las Fuerzas Armadas. La discusión ha generado reacciones divididas entre oposición, especialistas y el gobierno.
El artículo en cuestión contempla tres tipos de licencia: ordinaria, especial y por edad límite. La licencia especial, específicamente, autoriza al personal de la Guardia Nacional a desempeñar un cargo de elección popular o asumir funciones civiles sin necesidad de haber sido electo.
Legisladores como Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, señalaron que esto va más allá de competir en elecciones: se refiere a ocupar directamente cargos públicos. A su juicio, este cambio representa una posible injerencia militar en puestos políticos sin voto ciudadano.
Claudia Sheinbaum defendió la propuesta asegurando que no hay nada nuevo: los militares ya pueden participar en elecciones si se separan del cargo 90 días antes. La presidenta subrayó que esta iniciativa simplemente busca aplicar ese mismo criterio a la Guardia Nacional. Argumentó que lo que hoy se permite a integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea debe extenderse a quienes forman parte de la GN, por tratarse de una fuerza con formación policial pero de origen militar.
Periodistas especializados en legislación, como Juan Ortiz, respaldaron esa postura al señalar que la iniciativa solo replica lo que ya se establece en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.
Según Ortiz, la reforma no introduce nuevos privilegios, sino que formaliza un marco legal existente. No obstante, reconoció que el punto crítico está en permitir que un miembro con licencia pueda ser nombrado directamente en cargos civiles, sin pasar por el voto popular, si así lo autoriza su superior.