Ciudad De México, 22 de junio de 2026.- Existe un expediente estadounidense contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve cómplices, por lo que Estados Unidos solicitó su detención y extradición, así como la de otros funcionarios sinaloenses, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Ante estos señalamientos, el gobierno mexicano ha pedido más pruebas a Estados Unidos. La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que no ve elementos suficientes para una detención provisional urgente de Rocha Moya.
Por otro lado, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió que no se olvide el caso de Rubén Rocha Moya y exigió que sea entregado a la justicia. “Amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados”, afirmó Campos.
La mandataria estatal advirtió que México vive una crisis de confianza internacional que pone en riesgo el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, Campos enfrenta sus propias investigaciones: la FGR la investiga debido a la presencia de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en Chihuahua.
Dicho operativo antinarcóticos en Chihuahua dejó un saldo de cuatro personas muertas, entre ellas dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA. Según los hechos extraídos, la participación operativa de estos agentes no había sido informada al gobierno mexicano.
Maru Campos fue vinculada a proceso en 2021 por el presunto delito de cohecho relacionado con la ‘nómina secreta’ del exgobernador César Duarte. Respecto a la presencia extranjera, la gobernadora declaró: “Estoy total en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices”.
El oficialismo ha acusado a la oposición de utilizar el caso de Rocha Moya con fines políticos. Asimismo, sectores oficialistas señalan a Maru Campos por violar leyes mexicanas y la soberanía nacional al permitir injerencias desde el exterior, generando posturas opuestas dentro del país sobre el manejo de la justicia y la soberanía.