Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- El gobierno federal envió al Senado de la República el denominado Plan B de reforma electoral, que se centra en medidas de austeridad y recortes presupuestales, luego de que una reforma constitucional más amplia fuera rechazada en la Cámara de Diputados. La iniciativa, presentada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, propone reducir las regidurías municipales a un máximo de 15 y un mínimo de 7, establecer un tope presupuestal para congresos locales del 0.7% del gasto estatal y aplicar una reducción progresiva de gastos en el Senado hasta un 15%.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la propuesta, enmarcándola en la política de austeridad republicana de la Cuarta Transformación. “Estas medidas buscan eficientar el gasto y acercar las instituciones a la ciudadanía”, señaló la mandataria durante la presentación.
Uno de los puntos más significativos de la iniciativa es la elección por voto popular de 850 juzgadores del Poder Judicial en 2027, lo que representa una decisión frente a análisis previos que consideraban posponerla hasta 2028. Este aspecto, junto con la inclusión de la revocación de mandato para el mismo periodo, ha generado reacciones inmediatas en la oposición.
Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, se pronunció críticamente ante la propuesta, aunque no especificó los motivos de su postura. La iniciativa llega al Senado en un contexto político complejo, tras el rechazo de la reforma constitucional original que buscaba reducir legisladores plurinominales y el financiamiento a partidos políticos.
El Plan B se presenta como una alternativa que no requiere reforma constitucional en su totalidad, o al menos en aspectos que podrían generar mayor consenso entre las fuerzas políticas. Sin embargo, se desconoce la postura oficial y detallada de otros partidos como Morena, PAN, PRI, PRD, PT y PVEM, así como el monto específico de ahorro que se proyecta con las medidas de austeridad.
El proceso legislativo que seguirá esta iniciativa en el Senado será clave para determinar su viabilidad y los posibles ajustes que podrían surgir durante su discusión. La propuesta representa un segundo esfuerzo del gobierno federal por modificar el sistema electoral mexicano, enfocándose ahora en la eficiencia del gasto y la estructuración local.