Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU, mientras que el comité anunció que solicitará remitir urgentemente el caso de México a la Asamblea General.
El Ejecutivo federal calificó el documento de “tendencioso y falto de rigor jurídico” y refutó que “El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
Las autoridades mexicanas señalaron que el informe del CDF abarca principalmente desapariciones entre 2009-2017, correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se circunscribe a cuatro entidades del país: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco.
Además, el gobierno mexicano indicó que el informe omite los avances contra esa problemática que desde 2018 se trabajan y presentó su más reciente informe sobre el asunto, que registra 130,178 personas desaparecidas en México desde 2006.
Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED-ONU) subrayó que su decisión se basa en información que “parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”.
El CED subrayó “que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas”, aunque advirtió que en algunos casos recibió “información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia”.
En contraste, el gobierno mexicano sostuvo que en los párrafos 117 y 118 de su informe, el propio CDF reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.