Por Redacción
Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes una demanda federal contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de permitir un entorno hostil para estudiantes judíos e israelíes durante las protestas propalestinas ocurridas en 2023 y 2024. La acción legal, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, busca recuperar miles de millones de dólares en subvenciones federales otorgadas a la universidad.
La querella alega que la institución no protegió adecuadamente a sus alumnos frente a actos de acoso y agresión física perpetrados por manifestantes antiisraelíes. Entre los incidentes citados como base de la acusación destaca un campamento de protesta que permaneció instalado en el campus durante 20 días, situación que según el gobierno federal derivó en un clima de inseguridad para la comunidad judía.
Este procedimiento marca la tercera demanda que la administración Trump ha interpuesto contra Harvard. El conflicto legal tiene antecedentes en febrero de 2025, cuando el ejecutivo federal amenazó con retirar los fondos de investigación, medida que en aquella ocasión fue bloqueada por un juez. La disputa se enmarca en la tensión política y social desatada tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre.
La universidad ha respondido mediante un comunicado público, aunque la investigación disponible no detalla su defensa formal ante el tribunal ni especifica el nombre de la corte federal de Boston donde se presentó el caso. Tampoco se han dado a conocer cifras exactas sobre el monto total de las subvenciones que el gobierno pretende recuperar, limitándose las fuentes a mencionar que ascienden a miles de millones de dólares.
La demanda pone bajo escrutinio las políticas de seguridad y convivencia en los campus de educación superior en Estados Unidos, en un momento de alta polarización respecto al conflicto en Medio Oriente. Las autoridades judiciales deberán determinar si la gestión de Harvard durante las manifestaciones constituyó una violación de las normas federales que condicionan la entrega de recursos públicos.