Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El gobierno federal presentó este viernes una actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, donde se reporta un total acumulado de 394,645 registros entre 1952 y 2026. De esta cifra, las autoridades indicaron que 262,111 personas han sido localizadas, lo que representa el 66 por ciento del universo registrado, mientras que 132,534 mantienen el estatus de desaparecidas.
Durante la exposición de los datos, funcionarios como Claudia Sheinbaum, Marcela Figueroa, Félix Arturo Medina y Rosa Icela Rodríguez detallaron el desglose de las personas localizadas: 240,211 fueron halladas con vida (92 por ciento del grupo localizado) y 21,900 sin vida (8 por ciento). En el periodo comprendido entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se logró la localización de 31,946 individuos.
El informe puso énfasis en los casos registrados a partir de 2006, los cuales suman 130,178 desapariciones. Este conjunto se dividió en tres grupos para su análisis: 46,742 casos carecen de datos suficientes; 40,308 presentan actividad posterior al reporte, como trámites bancarios o vacunación; y 43,128 cuentan con datos completos pero sin actividad reciente. Dentro del grupo con actividad posterior, ya se ha ubicado a 5,269 personas, mientras que del grupo con datos completos, solo 3,869 cuentan con una carpeta de investigación formal abierta.
Respecto a los registros históricos previos a 2006, específicamente del periodo 1952 a 2005, se contabilizaron 2,356 casos. La presentación de estas cifras se da en el marco de la reforma legal de 2025 a la Ley General en materia de desaparición de personas, la cual establece nuevas obligaciones para la apertura de carpetas de investigación ante el primer reporte y la inclusión de datos mínimos en los registros.
Ante los anuncios gubernamentales, Kenia López Rabadán, figura de la oposición política, emitió declaraciones exigiendo transparencia sobre los métodos utilizados para la depuración del registro. La preocupación se centra en la baja proporción de casos que cuentan con una carpeta de investigación formal frente al total de desaparecidos activos, así como en los criterios específicos para identificar a las personas con actividad posterior a su desaparición reportada.