Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener vínculos con el narcotráfico.
En una carta escrita desde la prisión en Brooklyn, Nueva York, García Luna afirmó que existen pruebas en registros oficiales de México y Estados Unidos que vinculan a operadores de Morena, el partido en el poder, con grupos criminales, incluyendo aquellos que testificaron en su contra durante su juicio.
La carta, difundida por los abogados de García Luna, sostiene que los mismos testigos que lo incriminaron señalaron conexiones entre el gobierno de López Obrador y el crimen organizado.
Según García Luna, hay evidencia en forma de audios, videos, fotografías y registros de comunicación que muestran interacciones entre funcionarios del actual gobierno mexicano y líderes del narcotráfico, incluyendo a aquellos que colaboraron como testigos en su juicio.
García Luna, detenido desde diciembre de 2019 bajo cargos de presuntos nexos con el narcotráfico, mencionó en su misiva que estos vínculos incluyen al propio presidente López Obrador y sus colaboradores más cercanos.
Además, destacó la relación del mandatario mexicano con el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada y criticó la reciente captura de este capo, señalando que fue parte de una estrategia para desmantelar el Poder Judicial en beneficio de los criminales.
El exfuncionario también cuestionó la postura del gobierno de López Obrador ante la captura de “El Mayo” Zambada y la reforma judicial que, según él, favorece a los delincuentes. Asimismo, mencionó la suspensión temporal de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos como parte de un encubrimiento de estos hechos, sugiriendo que las tensiones entre ambos países están relacionadas con la postura de Estados Unidos frente a la captura de narcotraficantes.
Por último, García Luna aseguró que sus abogados han apelado su sentencia de culpabilidad y están a la espera de una revisión por parte de un Tribunal Colegiado en Estados Unidos. Afirma que no se presentó ninguna prueba contundente en su contra, salvo los testimonios de testigos protegidos y confía en que su apelación pueda cambiar el rumbo de su caso.