Trenton, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General anunció la emisión de órdenes de captura contra siete cabecillas de la disidencia armada conocida como Segunda Marquetalia, en relación con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Entre los principales implicados se encuentran alias Iván Márquez, John 40 y Zarco Aldinever, contra quienes se han establecido recompensas económicas para facilitar su localización.
De acuerdo con la información oficial difundida este miércoles, la medida judicial busca dar respuesta al magnicidio perpetrado contra el legislador. La titular de la Fiscalía, Luz Adriana Camargo, confirmó la determinación de perseguir penalmente a los líderes de este grupo armado, aunque no detalló las fechas específicas de los hechos ni el lugar exacto donde ocurrieron los eventos que motivaron la acción judicial.
Como parte de la estrategia para capturar a los sospechosos, las autoridades han fijado una recompensa de cinco mil millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Iván Márquez. De igual forma, se ofrecen cuatro mil millones de pesos por cada uno de los otros dos cabecillas mencionados explícitamente: John 40 y Zarco Aldinever. Estas cifras reflejan la prioridad que tiene para el ente acusador la desarticulación de la estructura responsable.
Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), también participó en el anuncio de las medidas. El proceso judicial abierto no solo apunta a la responsabilidad directa de los ejecutores e intelectuales del crimen, sino que también examina la responsabilidad administrativa y preventiva dentro de la UNP, organismo encargado de la seguridad de figuras públicas en el país.
La investigación señala que existen otros cuatro cabecillas de la Segunda Marquetalia involucrados en los hechos, completando un total de siete órdenes de captura emitidas. Sin embargo, las autoridades no han proporcionado los nombres completos ni los alias de estos cuatro individuos restantes en los informes preliminares disponibles hasta el momento.
Este desarrollo representa un avance significativo en el caso que conmocionó a la opinión pública, al vincular formalmente a una disidencia de las antiguas FARC con el atentado contra el precandidato presidencial. Las autoridades mantienen la búsqueda activa de los sindicados y hacen un llamado a la ciudadanía para aportar datos que permitan su captura y el cobro de las recompensas ofrecidas.