Lázaro Cárdenas, 26 de marzo de 2026.- Familiares de las maestras Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez exigieron que Osmar “N”, el alumno de 15 años acusado de asesinarlas, sea juzgado como adulto. La demanda surge tras el ataque ocurrido el 24 de marzo en la Preparatoria Antón Makarenko, donde el menor utilizó un rifle AR-15 para acabar con la vida de las dos docentes, quienes contaban con 37 y 36 años de edad, respectivamente.
Carlos Torres Piña, Fiscal de Michoacán, informó que aunque buscarán imputar al adolescente por tres delitos graves —feminicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos—, el proceso legal se llevará a cabo bajo el sistema de justicia para adolescentes. El funcionario reconoció que el arma utilizada no tiene registro y ingresó de manera ilegal al país, lo que añade complejidad al caso respecto al origen del armamento.
La legislación vigente establece que la pena máxima para un menor de entre 14 y 15 años es de tres años de internamiento, una sanción significativamente menor a los hasta 50 años de prisión que podría enfrentar un adulto por el delito de feminicidio. Esta disparidad ha generado un intenso debate nacional, llegando hasta la Presidencia de la República. Claudia Sheinbaum Pardo calificó el hecho como “muy doloroso” y señaló que todo indica que el ataque fue planeado, pues el agresor buscaba específicamente a las víctimas.
En respuesta a la tragedia, la mandataria federal afirmó que el tema de juzgar a menores como adultos “es algo que se tiene que discutir en nuestro país, que es algo que necesitamos hablar de ello y abrirlo y debatirlo”. Paralelamente, anunció la implementación de un programa nacional de salud mental para adolescentes, el cual incluirá capacitación para docentes y la contratación de personal especializado, iniciando en los niveles de secundaria y educación media superior.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado expresando sus condolencias y solidaridad con los familiares y la comunidad educativa, reiterando su compromiso de construir entornos escolares seguros. Mientras tanto, persisten interrogantes sobre la motivación exacta del ataque y el origen preciso del arma, ya que el adolescente ha declarado que pertenece a su padre, supuesto miembro de la Secretaría de Marina, afirmación que las autoridades están corroborando y que ha sido negada por la madre y el padrastro del menor.