Ciudad de Mexico, 26 de marzo de 2026.- Noelia Castillo Ramos, de 25 años, falleció este jueves tras someterse a un procedimiento de muerte asistida en Sant Pere de Ribes, poniendo fin a una batalla judicial que se extendió por casi dos años. El desenlace ocurrió después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolviera a favor de la solicitud de la joven, superando los recursos legales interpuestos por sus progenitores con el apoyo de la organización Abogados Cristianos.
Castillo Ramos había solicitado la eutanasia tras quedar parapléjica como consecuencia de un intento de suicidio, acto que realizó posteriormente a sufrir una agresión sexual grupal en 2022 mientras se encontraba bajo tutela de la Generalitat de Cataluña. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña había aprobado inicialmente el procedimiento para el 18 de julio de 2024, pero la oposición familiar derivó en una serie de litigios que retrasaron la ejecución hasta marzo de 2026.
El caso trascendió fronteras y generó reacciones internacionales, incluyendo comentarios públicos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se pronunció sobre la situación a través de redes sociales. La controversia se centró en el conflicto entre la autonomía del paciente para decidir sobre el final de su vida y la objeción presentada por los familiares, quienes buscaron impedir el proceso mediante vías judiciales.
Durante el prolongado conflicto legal, surgieron testimonios atribuidos al padre de la joven, quien habría expresado frases como “Ya has ganado, muy bien” y “Para mí ya estás muerta”, aunque las fuentes disponibles no detallan si estas declaraciones fueron emitidas directamente a la prensa o relatadas por la propia Noelia. La madre de la joven también formó parte de los recursos presentados, aunque sus nombres completos no han sido especificados en los reportes públicos.
Con la resolución del TEDH y el posterior fallecimiento de Castillo Ramos, se cierra un caso que puso a prueba los límites de la ley de eutanasia en España y los mecanismos de protección de derechos humanos en Europa. La joven permaneció bajo tutela estatal desde su infancia, contexto que añadió complejidad administrativa y jurídica a su solicitud de muerte médicamente asistida.
