Ciudad De México, 17 de junio de 2026.- Un estudio histórico y legal determina que el heredero legítimo del tesoro hundido en el navío español ‘Oriflame’ sería, en caso de rescate, el Estado español. Así lo establece la investigación titulada ‘El navío Oriflame: un tesoro cultural hundido frente a las costas de Chile’, elaborada por Vicente Ruiz García, asesor de la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval.

Según el experto, la carga “pertenecía a la Real Hacienda de la monarquía de Carlos III de España y de que no existe ninguna evidencia para que terceros puedan reclamar este cargamento”. El navío se hundió en 1770 frente a las costas de Chile cuando viajaba rumbo a Perú con 1.478 cajones de cristalería de la Real Fábrica de la Granja de San Ildefonso de Segovia, además de joyas y otros objetos valiosos.

La tragedia ocurrió tras el zarpado del puerto de Cádiz el 18 de febrero de 1770 con destino al Callao, bajo las órdenes del capitán Joseph Antonio de Alzaga. A bordo viajaban 176 personas entre tripulación y pasaje, quienes fallecieron en la catástrofe; las cajas nunca fueron recuperadas.

El origen del buque es complejo: inicialmente fue un navío de guerra francés de 54 cañones, botado en Tolón en 1744 y participante en la batalla de Cartagena de Levante en 1758. Tras ser capturado por los ingleses en 1761, fue adquirido en Gibraltar por el comerciante José Villanueva y Pico para convertirlo en un navío mercante de la Carrera de Indias.

Aunque fue rebautizado como ‘Nuestra Señora del Buen Consejo y San Leopoldo’, conservó el alias de ‘Oriflame’. Realizó su primer viaje comercial a La Habana y Veracruz en 1763 y, en 1765, fue adquirido por la casa comercial Uztáriz Hermanos y Compañía.

Sobre el estatus legal del barco, la investigación señala que los barcos de guerra hundidos son de los Estados según el artículo 32 de la Convención de la Unesco, mientras que los comerciales no. Ruiz García matiza esta situación al afirmar que el “pecio pertenece a la Humanidad”.

Antecedentes recientes indican que en 2005 una empresa cazatesoros anunció haber localizado el lugar del hundimiento y mostró disposición para extraer la carga, pero la justicia chilena denegó dicha solicitud.