Por Redacción

Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua en el país, una figura que estaba expresamente prohibida. La modificación al artículo 27 de la Constitución fue impulsada por el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas, y recibió 61 votos a favor, incluidos dos de la oposición. La medida se da en el contexto de un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años, el cual ha sido señalado por organizaciones internacionales por posibles violaciones a derechos humanos.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la acción del gobierno, calificándola como parte de una estrategia de seguridad “irreversible”. Por su parte, el presidente Bukele ha presentado la reforma como una herramienta necesaria para combatir la violencia de las pandillas y consolidar la seguridad en el país centroamericano.

Sin embargo, la aprobación ocurre en medio de un informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) que vincula las acciones del gobierno salvadoreño durante el régimen de excepción con crímenes de lesa humanidad. El debate se enmarca entre la popularidad de las políticas de mano dura contra el crimen y las crecientes advertencias sobre el deterioro del estado de derecho y las garantías fundamentales.

La reforma constitucional requiere de otros trámites para su entrada en vigor, aunque las fuentes oficiales no han especificado una fecha concreta. La oposición política, más allá de los dos diputados que apoyaron la iniciativa, no ha emitido una reacción unificada y detallada frente a este cambio histórico en el sistema penal salvadoreño.

El contexto político salvadoreño sigue polarizado, con el gobierno de Bukele manteniendo altos niveles de aprobación pública por su gestión en seguridad, mientras enfrenta un escrutinio internacional cada vez más firme por los métodos empleados. La implementación de la cadena perpetua marcará un punto de inflexión en el sistema judicial y carcelario del país.