El Estado mexicano ha incumplido su obligación de búsqueda de miles de desaparecidos por el país; además, las víctimas del delito de desaparición forzada no deben ser revictimizadas ni sus familiares ignorados cuando solicitan apoyo a las autoridades para su búsqueda, afirmó la Magistrada María Emilia Molina de la Puente.
Ante esa lamentable realidad, agregó, las juezas y jueces intervienen para ordenar a las autoridades responsables que cumplan con su responsabilidad de buscar desaparecidos, al tiempo de hacer un llamado a la sociedad a ser sensible con este problema, solidarizarse con quienes lo viven y, por ningún motivo, justificarlo.
Según la base de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, reconoce que los desaparecidos que no han sido localizados hasta este lunes, son 114 mil 926. La cifra contrasta con los números de organizaciones civiles de madres buscadoras, quienes afirman que son más de 130 mil los desaparecidos en lo que va del presente sexenio.
La Magistrada Molina de la Puente, integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, participó de esa manera en el podcast Reflexiones Desde el Consejo, que se difunde a través de las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Como en todos los casos y en este en particular, aseguró que las personas juzgadoras y servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación (PJF) están para escuchar y apoyar a quienes buscan a sus familiares, en especial, a las que no cuentan con el respaldo de las autoridades, sean federales o estatales.
En la entrevista, la Magistrada señaló que el fenómeno de la desaparición de personas no debe ser ajeno a cada uno de nosotros, ya que incide en la vida de todas y todos, porque tarde o temprano y de una forma u otra nos impacta.
Subrayó que padres y madres viven con el miedo de que sus hijas e hijos salgan a la calle y no regresen a sus hogares. Se trata, insistió, de un crimen que no tiene justificación:
“Tenemos que darnos cuenta de que ninguna persona merece ser víctima de desaparición, y ninguna madre, hermana, esposa o hija deben ir a una fosa a buscar a sus seres queridos”, indicó.
Molina de la Puente reconoció que el problema de desaparición se ha incrementado a consecuencia de la inseguridad y violencia que se viven en el país. Los familiares de las víctimas recurren con mayor frecuencia al PJF para obtener el apoyo que las autoridades les niegan para buscar a sus seres queridos.
En respuesta, dijo, las personas juzgadoras les apoyan a través de dos mecanismos: el llamado “amparo del buscador” y “la declaración especial de ausencia”.
Precisó que las personas que buscan a sus familiares, labor que realizan con mayor frecuencia las mujeres, no están legitimadas constitucional y legalmente para realizar esa actividad que corresponde a las autoridades del Estado mexicano.
“Pero, hay que decirlo: El Estado mexicano ha incumplido con esta obligación de búsqueda, por lo que juezas y jueces intervienen para ordenar a las autoridades responsables que cumplan con su responsabilidad”, sostuvo la magistrada María Emilia Molina de la Puente.
Por Abel López Jiménez.