Ciudad de Mexico, 01 de abril de 2026.- El 38% del pescado que se vende en mercados y restaurantes de México no corresponde a la especie anunciada, lo que significa que en cuatro de cada diez casos el consumidor recibe un producto distinto al que pagó. Este nivel de sustitución casi duplica el promedio mundial del 20%, según un estudio basado en análisis genéticos de 1,262 muestras recolectadas en varias ciudades del país.
El informe, titulado ‘Gato x Liebre: engaño evidente, solución pendiente’ y difundido por la organización Oceana en el marco de la Cuaresma, indica que esta práctica afecta el bolsillo de los consumidores, perjudica a las comunidades pesqueras legales y amenaza la biodiversidad marina. La organización atribuye el problema a la falta de sistemas de trazabilidad en México.
Las especies más sustituidas identificadas en el monitoreo, que Oceana realiza desde hace siete años, son el pez vela (100%), el marlín (91%), la lobina (89%), la sierra (82%), el mero (72%), la pierna (69%), el pez loro (68%), la cabrilla (57%) y el huachinango (54%).
En el caso específico del huachinango, este fue reemplazado en más de la mitad de los casos con hasta 16 especies distintas comercializadas bajo su nombre, incluyendo al pez lámpara, un organismo de aguas profundas. Por su parte, el marlín fue sustituido en algunos casos por tiburones catalogados como en riesgo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
De acuerdo con el informe de Oceana, “(El) 38 % de los pescados y mariscos analizados correspondían a una especie distinta a la declarada, casi el doble del promedio internacional de 20 %, reconocido en el informe más reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)”.
La investigación señala que los pescadores enfrentan competencia desleal frente a productos más baratos, muchos de ellos importados, que se venden como especies de mayor valor. Asimismo, advierten que la falta de información sobre el origen puede llevar a que los consumidores compren especies en peligro sin saberlo, situación en la que “se perjudica a las comunidades pesqueras que operan dentro de la legalidad y se amenaza la biodiversidad marina”.