Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue detenido el jueves 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, tras la obtención de una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). La medida legal fue posible después de un cambio de juzgadora: mientras el juez Mario Elizondo Martínez negó la orden el 22 de junio de 2026, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega la concedió el 13 de julio de 2026.
La jueza libró órdenes de aprehensión contra 25 imputados, incluyendo a Ruffo Appel y a Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, por los delitos de delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando. La FGR señaló a Ruffo Appel como el líder de la organización criminal. En su resolución, la jueza Ramírez de la Vega concluyó que la participación del exmandatario “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”.
La audiencia inicial contra Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados comenzó la noche del 17 de julio de 2026 a las 22:00 horas vía videoconferencia ante la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El proceso se extendió por más de 30 horas, aunque algunos reportes indican que duró 40 horas. Como resultado, la autoridad judicial dictó prisión preventiva contra Ruffo Appel y sus coacusados por su posible participación en los delitos investigados.
El 20 de julio de 2026 a las 14:15 horas, Ernesto Ruffo Appel y otros cuatro imputados ingresaron al penal de máxima seguridad del Altiplano. Por otro lado, los imputados José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur. La defensa de los acusados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica el martes 21 de julio de 2026.
La investigación tuvo origen en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. La FGR ha identificado la participación de 70 personas físicas, incluyendo representantes aduanales y servidores públicos. La empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario, está vinculada a las indagatorias. La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, la cual, según informó, causó una afectación al erario de más de 4,000 millones de pesos; otra fuente cifra el daño en 4,456 millones de pesos.
Frente a los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política. “Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año”, afirmó Sheinbaum, quien también precisó que la detención no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que tras estas ocho detenciones aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
La detención generó reacciones diversas. Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y exigió “la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”. Por su parte, Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, criticó que la audiencia inicial se desarrollara “a puerta cerrada. Sin prensa, sin público, sin familiares”, y pidió que todas las audiencias sean públicas para garantizar el escrutinio ciudadano.
El Partido Acción Nacional (PAN) exigió legalidad y debido proceso, señalando que “nadie debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce”. Asimismo, la Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada consideró que el caso representa una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo” ante otros temas nacionales.