Por Redacción

Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- Un derrumbe durante trabajos de demolición en el número 124 de la calle San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, causó la muerte de tres trabajadores y dejó un sobreviviente, desatando un conflicto político entre autoridades locales y el gobierno capitalino sobre la responsabilidad de la supervisión. El accidente ocurrió el 9 de marzo y reveló que existen 456 solicitudes de inspección pendientes de octubre de 2025 a la fecha.

El sobreviviente, identificado como Ángel Miranda, fue rescatado de los escombros, mientras que los tres trabajadores fallecidos aún no han sido identificados públicamente. La empresa responsable de la demolición tampoco ha sido nombrada oficialmente, aunque la Fiscalía General de Justicia de la CDMX mantiene una investigación abierta sobre las causas del colapso.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló que su administración ha cumplido con solicitar las verificaciones necesarias, pero el Gobierno capitalino no ha respondido a las 456 solicitudes pendientes. “Hemos hecho nuestro trabajo, pero hay un cuello de botella en las instancias superiores que impide la supervisión adecuada”, declaró la funcionaria.

Por su parte, el PAN capitalino, a través de Luisa Gutiérrez, respaldó la gestión de Rojo de la Vega y criticó al Gobierno central por las demoras. “La alcaldía ha actuado conforme a la ley, pero existe un conflicto de atribuciones y la aplicación del ‘Acuerdo de Facilidades’ que limita nuestra capacidad de supervisión”, explicó Gutiérrez.

El despacho jurídico Vega Mac Gregor Arellano emitió un comunicado señalando posibles irregularidades en la póliza de responsabilidad civil de la empresa contratista, aunque no especificó detalles. Actualmente, existen 17 inmuebles más en proceso de demolición que podrían presentar riesgos similares debido a la falta de verificaciones.

El conflicto político se enmarca en las tensiones entre el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc y la administración capitalina, que se acusan mutuamente de negligencia mientras las familias de las víctimas esperan justicia y respuestas sobre las condiciones laborales que llevaron a esta tragedia.