Ciudad De México, 30 de marzo de 2026.- Un derrame de petróleo ha afectado más de 600 kilómetros de costa en el Golfo de México. Mientras fuentes indican que la mancha cubre más de 370 millas (600 km), otros reportes elevan la cifra a más de 630 kilómetros de litoral mexicano contaminado. El desastre ambiental es visible en playas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
La situación ha impactado directamente a más de 20 mil familias, 100 comunidades y 60 municipios. Según información recabada, el derrame ha durado al menos cuatro semanas. Una mancha de sospechoso crudo llegó a cubrir más de 19 millas cuadradas (50 km2) alrededor de un oleoducto reparado por Pemex en la primera mitad de febrero.
Investigaciones señalan que el buque ‘Árbol Grande’, dedicado al mantenimiento de infraestructura petrolera, permaneció estacionario en el lugar del derrame durante casi 200 horas, es decir, más de ocho días. La embarcación estuvo anclada del 9 al 16 de febrero en un oleoducto activo que transporta crudo Maya. La empresa Diavaz, para la cual trabaja el ‘Árbol Grande’, ganó en mayo de 2025 una licitación pública de Pemex por casi 11 mil millones de pesos.
Ante estos hechos, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Por su parte, legisladores del PRI del sureste condenaron lo que calificaron como un ecocidio en el Golfo de México. Estas acciones políticas contrastan con posturas oficiales previas; las autoridades negaron que hubiera habido alguna fuga o ruptura en instalaciones de Pemex, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales aseguró que no se había detectado un daño severo.
Gustavo Alanís cuestionó la respuesta gubernamental: “Lo primero que hay que cuestionar es dónde quedó el Plan Nacional de Contingencias”. El especialista señaló que la situación actual “contradice lo que originalmente había dicho el gobierno mexicano” y afirmó que “la mayoría de las playas no han sido limpiadas y que el chapopote ha seguido llegando”.
Alanís enfatizó la necesidad de actuar “al margen de la política” para determinar “qué pasó, quién causó, quiénes son los responsables y actuar en consecuencia”. Mientras especialistas ambientales consideran que la duración y expansión del derrame evidencian afectaciones significativas, persisten las discrepancias sobre la magnitud real del daño entre los informes oficiales y la evidencia en campo.