Ciudad De México, 27 de mayo de 2026.- Una serie de denuncias por abusos, fraudes financieros y situaciones de riesgo para menores han surgido en diversos países, con énfasis en casos que involucran a instituciones religiosas, empresas inmobiliarias y disputas transfronterizas.
El diario EL PAÍS entregó en el Vaticano un informe con 21 testimonios que acusan a 24 sacerdotes, religiosos y laicos de ocho países de pederastia en América. El documento incluye casos en Colombia, Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México y Venezuela, siendo Colombia el país que acapara más de la mitad de los registros con un total de 13.
En el ámbito financiero, Liliana Leal y alrededor de dos mil personas fueron afectadas por la familia Lobatón mediante su empresa Proyectos9 por más de 11 mil millones de pesos, en una estafa inmobiliaria en Nuevo León. Raymundo Ramírez Pompa, abogado de las víctimas, denunció una “evidente relación directa de encubrimiento y protección a los Lobatón por parte de la fiscalía” estatal. El legalista calificó el hecho como un “fraude monumental de proporciones sin precedentes” y afirmó: “Se trata de un esquema Ponzi, un fraude piramidal. Sin la anuncia, aquiescencia y confabulación de las autoridades judiciales, no se hubiera podido sostener impunemente a la familia Lobatón durante 10 años”.
Por otro lado, Alfiya Zuckerman, Ruben Tamrazian y Vahe Muradkhanyan fueron condenados en California a pasar 180 días en la cárcel y dos años de libertad condicional supervisada por fraude al seguro. Los condenados fingieron ataques de oso a vehículos de alta gama para cobrar el seguro, usando un disfraz de oso. Como parte de la sentencia, Zuckerman deberá pagar 55,360 dólares por concepto de restitución, mientras que a Tamrazian se le ordenó regresar 52,268 dólares.
En materia de protección a la infancia, el FBI informó que “rescató” a un menor estadounidense de 10 años en Cuba, quien supuestamente fue trasladado por una de sus madres, una mujer transgénero, y su pareja, en un caso investigado como “secuestro parental”. Las autoridades detuvieron a la mujer y a su pareja en Cuba con ayuda de sus pares locales, y el FBI envió un avión para recoger al menor y trasladarlo a EE.UU., donde se lo entregó a su otra madre.
En México, la Cancillería de la Federación Rusa convocó al embajador Eduardo Villegas Megías en Moscú para reiterar su preocupación por la presunta retención ilegal de la joven rusa Kristina Románova, de 17 años, en instalaciones del DIFEM en Toluca. La joven fue retirada de sus clases ante la detección de posibles riesgos de violencia familiar y la denuncia de un presunto abuso sexual cometido en diciembre de 2021.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó el inicio de cuatro investigaciones por hechos con apariencia de delito cometidos en agravio de menores al interior del Colegio Carrusel Magone; estos casos fueron atraídos por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres. Paralelamente, El Refugio Franciscano denunció presuntas irregularidades en el manejo de más de 200 millones de pesos por parte de Carmela Rivero y abogados vinculados a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P., exigiendo su remoción del patronato.
Respecto a los animales asegurados en dicho refugio, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) negó la existencia de alguna orden oficial para devolverlos, señalando que la decisión pertenece exclusivamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que mantiene la investigación por delitos ambientales. Fernando García Juárez, abogado de la fundación, declaró que “ahora es la Sedema la que reconoce ante el juez que los seres sintientes no regresarán a un entorno considerado insalubre y peligroso conforme a dictámenes periciales, lo cual fortalece la necesidad de privilegiar su protección, bienestar y eventual adopción responsable”.