Por Redacción
Washington, 21 de marzo de 2026.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos enfrenta críticas internacionales y acusaciones de abuso de autoridad tras la muerte de Royer Pérez Jiménez bajo su custodia y la detención de la periodista Estefany Rodríguez, eventos que se suman a un patrón de acciones cuestionables durante el segundo mandato de Donald Trump. Desde el inicio de esta administración, se han registrado 46 fallecimientos de personas bajo resguardo del ICE, cifra que ha motivado la intervención diplomática del gobierno mexicano y condenas de organizaciones de derechos humanos.
El caso de Royer Pérez Jiménez, ciudadano mexicano fallecido el 16 de marzo de 2026, marca un punto de tensión bilateral. Mientras las autoridades estadounidenses clasifican el deceso como un “presunto suicidio”, el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha exigido una investigación profunda, insinuando que la versión oficial podría no ser concluyente. Hasta el momento, no se ha especificado la causa médica o forense oficial detallada que cierre las dudas sobre las circunstancias de su muerte.
Paralelamente, la detención de la periodista Estefany Rodríguez ha generado controversia legal. El ICE sostiene que la comunicadora carece de estatus migratorio legal debido a que su visa expiró en 2021; sin embargo, su equipo legal, liderado por el abogado Mike Holley, argumenta que no asistió a citas obligatorias porque estas fueron reprogramadas sin notificación adecuada. Como resultado de este proceso, se fijó una fianza de 10,000 dólares para su liberación, aunque persisten incógnitas sobre el estatus actual de su solicitud de asilo político y los detalles específicos de las acusaciones en su contra.
La investigación revela también el uso indebido de la agencia migratoria en disputas personales. Se documenta la participación de Paolo Zampolli, amigo del presidente Trump, quien habría involucrado al ICE en asuntos relacionados con la custodia de su exesposa brasileña, aunque no se proporciona el nombre completo de la mujer ni detalles específicos del litigio familiar. Este hecho ilustra la instrumentalización de la autoridad migratoria para fines particulares, denunciada por medios como The New York Times y citada por prensa internacional.
Organizaciones como la Comisión de Mujeres Refugiadas y Médicos por los Derechos Humanos han emitido informes que señalan un patrón sistemático de deportación de padres sin considerar la situación de sus hijos, así como detenciones arbitrarias. Estas acciones han derivado en protestas y condenas que evidencian una política migratoria severa y posiblemente discriminatoria, la cual ha sido objeto de escrutinio tanto en Washington como en la capital mexicana.
Ante la gravedad de los hechos, la administración de Claudia Sheinbaum Pardo mantiene una postura de vigilancia diplomática, buscando claridad sobre los procesos judiciales y forenses en Estados Unidos. La falta de información precisa sobre la segunda carta diplomática enviada por México y la causa exacta del deceso de Pérez Jiménez mantiene la incertidumbre en torno a la resolución de estos casos, mientras la comunidad internacional observa el desenvolvimiento de las autoridades estadounidenses frente a las acusaciones de violaciones a derechos humanos.