Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron este martes el dictamen de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, con 24 votos a favor y 11 en contra. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum tras no alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados el 13 de marzo, pasa ahora a la votación en el Pleno, donde se requieren 86 votos de 128 senadores para su validación.

En la sesión de comisiones participaron senadores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, se registró la ausencia de los senadores del Partido del Trabajo (PT) Lizeth Sánchez y Alejandro González. A pesar de esta ausencia, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, difundió una fotografía con líderes del PT y el PVEM asegurando que la coalición gobernante “seguirá unida” para sacar adelante la reforma.

El punto más controversial del dictamen es la posibilidad de realizar la consulta de revocación de mandato de la presidenta en 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias. Esta disposición ha generado tensiones dentro del bloque oficialista; mientras la dirigencia de Morena busca mantener la alianza, fuentes cercanas al PT indican que el partido busca alianzas con otras fuerzas y ha expresado que “no va a haber Plan B” si no se modifican las condiciones que, a su juicio, darían ventaja a Morena.

Además de la revocación de mandato, el dictamen aprobado incluye límites a los gastos de regidurías y congresos locales. Para lograr la mayoría calificada en el Pleno, la bancada de Morena, que cuenta con 67 senadores, deberá sumar los votos de sus aliados del PVEM (14 senadores) y del PT (9 senadores), así como negociar con otras fuerzas parlamentarias dada la aritmética legislativa requerida.

En el entorno institucional, surgió una discrepancia respecto a un documento del Instituto Nacional Electoral (INE) entregado al Senado. Siete consejeros del organismo firmaron una carta deslindándose del contenido, afirmando que no fue producto de una decisión colegiada, sino una entrega unilateral de la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Este conflicto añade complejidad al debate previo a la votación final en el Senado.