Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- El colapso de un edificio en la colonia San Antonio Abad que causó la muerte de tres personas ha generado un enfrentamiento público entre la alcaldía Cuauhtémoc y el gobierno de la Ciudad de México sobre quién tenía la responsabilidad de supervisar la demolición. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega asegura que la vigilancia correspondía al gobierno capitalino mediante un Acuerdo de Facilidades, mientras que el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, sostiene que la responsabilidad primaria recaía en la alcaldía.
El incidente ocurrió el pasado 9 de marzo en el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, en la alcaldía Cuauhtémoc. Según la versión de Rojo de la Vega, el permiso de demolición había sido negado inicialmente el 17 de octubre debido a la detección de diez riesgos graves, pero fue autorizado tres días después mediante el Acuerdo de Facilidades que, según ella, “obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”.
La alcaldesa calificó la decisión de autorizar la demolición como deliberada, afirmando que “no fue un error. Fue una decisión”, lo que sugiere que existía conocimiento previo sobre los riesgos que representaba la obra.
Por su parte, el secretario de Vivienda de la CDMX, Inti Muñoz Santini, respondió en conferencia de prensa que “la responsabilidad primaria de vigilancia recaía de manera ineludible en la alcaldía Cuauhtémoc, con o sin acuerdo de facilidades”, estableciendo una clara contradicción con la postura de la alcaldesa.
El conflicto se produce en un contexto donde aún se desconocen detalles clave como la identificación precisa de la empresa dueña del edificio, la hora exacta del colapso, la identidad de las víctimas mortales y el estado actual de la investigación oficial sobre las causas del derrumbe.
Esta disputa intergubernamental ocurre mientras las familias de las víctimas esperan respuestas sobre las circunstancias que llevaron a la tragedia y quiénes serán considerados responsables ante la justicia por las tres muertes ocurridas.