Ciudad De México, 05 de abril de 2026.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) sobre México, sosteniendo que la decisión del organismo de pedir al secretario general de la ONU que remita el caso a la Asamblea General parte de una lectura “sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional”.
La CNDH afirmó que el comité basó su decisión en peticiones de ONG y colectivos de familiares, cuestionando que se haya privilegiado posturas de organizaciones como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales del Estado mexicano en los últimos siete años. Asimismo, la comisión arremetió contra ONG que, según dijo, lucran y politizan el tema.
En su defensa, la CNDH argumentó que antes de una intervención de esa naturaleza debieron agotarse primero las instancias nacionales previstas en la convención internacional, acusando al CED de ignorar los artículos 30 y 31 del tratado relativos a las condiciones para su intervención. La institución consideró que el Comité es un grupo de expertos que actúan a título personal en su informe y rechazó la propuesta de cooperación técnica, asistencia especializada, apoyo financiero y un mecanismo especial de esclarecimiento, al considerar que reproduce fórmulas externas que no mejoraron antes la situación de derechos humanos en el país.
Sobre la magnitud del fenómeno, la CNDH aseveró que los casos de desaparición forzada “han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”. La comisión sostuvo que las desapariciones forzadas como política de Estado corresponden a los periodos de la ‘Guerra Sucia’ (1951-1990) y de la ‘guerra contra el narcotráfico’ (2006-2012), mientras que los casos recientes exigen ordenar las búsquedas y fortalecer a las instituciones encargadas de localizar a las víctimas. Además, recordó que desde 2023 ha advertido del uso faccioso de las cifras de personas desaparecidas y señaló que en la actual gestión ha emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada sobre hechos de años anteriores y otras cinco por casos recientes.
La CNDH también señaló una contradicción en el informe del comité, el cual afirma que no hay indicios suficientes de una política federal deliberada para desaparecer personas y, por otro lado, concluye que estos hechos ocurren conforme a políticas estatales u organizacionales. Por su parte, el Gobierno mexicano tachó el informe del CED de “tendencioso” y con “falta de rigor jurídico”.
En contraste, Amnistía Internacional celebró la decisión del comité, pidió aceptar la cooperación internacional y advirtió que la crisis afecta a más de 132,000 familias. El colectivo ‘Glorieta de las y los Desaparecidos’ exigió respuestas claras por parte del gobierno federal y que el Estado atienda las recomendaciones de la ONU, señalando que no existen motivos para que el gobierno mexicano tome una postura defensiva.
El colectivo denunció que las desapariciones forzadas son actos de lesa humanidad y destacó que el Comité tomó como propios los indicios de la magnitud del fenómeno basándose en cifras oficiales: “más de 132,400 personas desaparecidas y la crisis de 72,000 restos humanos sin identificar en más de 4,500 fosas”. Según el grupo, el Comité concluye que “las autoridades responsables siguen rebasadas por la magnitud de los crímenes, haciendo indispensables cambios estructurales profundos”.