Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- La creciente violencia por parte de los cárteles en Chiapas provocó el reclamo de la Iglesia católica y de empresarios hacia las autoridades a tomar medidas efectivas para frenar esta situación.
El aumento de la violencia llevó a cientos de mexicanos se desplacen a Guatemala en busca de refugio, lo que ha generado preocupación tanto en la comunidad religiosa como en el sector empresarial.
Los obispos y párrocos en Tapachula, una de las principales ciudades en la frontera con Guatemala, han hecho un llamado a la unión del pueblo para rezar por la paz en la región.
El párroco de la iglesia de San Agustín, Martín Moreno, denunció que la violencia entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación es una situación “inédita” en Chiapas. Según el sacerdote, los grupos criminales están obligando a los campesinos a participar en retenes y enfrentamientos y si se niegan, son extorsionados por sus cosechas.
Moreno también criticó la tendencia de las autoridades a minimizar la gravedad del problema, señalando que el presidente de Guatemala ha reconocido la existencia de 800 chiapanecos que buscan refugio en su país, lo cual evidencia la magnitud de la crisis.
Ante la falta de respuesta efectiva del gobierno de México, la Iglesia en Tapachula ha colocado lonas con símbolos de paz en sus templos para visibilizar el problema. En la Diócesis de la Sierra Madre, que comprende 10 parroquias y 12 sacerdotes, los enfrentamientos entre los cárteles continúan, poniendo en peligro a la población local.
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido desplegar las Fuerzas Armadas para atender la situación, la violencia sigue escalando y la presencia militar no ha logrado contener a los grupos criminales.
La inseguridad también ha afectado gravemente al sector empresarial. Aníbal Enrique Núñez, de la asociación Procentro, reportó que las ventas han disminuido hasta en un 70% y la contratación de empleados ha bajado más del 50% debido a la violencia. Núñez espera que las nuevas autoridades, que asumirán su cargo en octubre tras las elecciones del 2 de junio, no sean omisas como las anteriores y tomen medidas decisivas para restaurar la seguridad en la región.