Ciudad de Mexico, 15 de abril de 2026.- La Cámara de Diputados realizó el 14 de abril de 2026 la declaratoria constitucional del Plan B en materia electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La acción se concretó luego de que 19 legislaturas estatales avalaran la reforma que modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, instruyó el turno del decreto al Senado de la República para su declaratoria formal y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Por su parte, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, informó a la Asamblea que se recibió de la Cámara baja el expediente con el Proyecto de Declaratoria.
El aval de las 19 legislaturas superó el mínimo de 17 requerido para otorgar rango constitucional a la iniciativa. Los congresos que aprobaron la reforma son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y de la Ciudad de México. El proceso de aprobación en los estados comenzó a menos de 24 horas de que el Congreso de la Unión sancionara el dictamen, siendo el Congreso de Tabasco uno de los primeros en votar a favor durante la madrugada.
La reforma que llegó a los congresos locales difirió del proyecto original enviado por Sheinbaum Pardo. El Partido del Trabajo (PT) en el Senado logró excluir los cambios que buscaban adelantar la revocación de mandato y empatar ese proceso con las elecciones intermedias de 2027. En su versión definitiva, la iniciativa topa en 15 el número de regidurías en los ayuntamientos y establece que éstas deberán asignarse bajo los principios de paridad de género.
Entre las disposiciones financieras, la reforma fija que los recursos anuales de los congresos locales no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente. Asimismo, establece que a partir de 2027, el presupuesto del Senado deberá ajustarse durante los cuatro años siguientes hasta alcanzar una reducción acumulada de 15 por ciento en términos reales respecto a su presupuesto de 2026. Los ahorros derivados de los recortes en ayuntamientos y congresos locales deberán permanecer en las haciendas de los municipios y estados, y destinarse a obras de infraestructura pública.
En materia de remuneraciones, la reforma dispone que los consejeros electorales, magistrados electorales, así como los titulares de secretarías, órganos administrativos y áreas ejecutivas y técnicas del Instituto Nacional Electoral (INE) no podrán percibir ingresos superiores a los de la presidenta de la República. La misma restricción salarial aplica a los funcionarios de organismos electorales y tribunales electorales locales. Además, estos funcionarios quedan impedidos para contratar o adquirir con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, entre otras prestaciones no previstas en la ley.
Sobre la iniciativa, conocida también como “Plan México”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró: “quien más tiene, más paga”.