Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- A un año de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el nuevo órgano sucesor, Transparencia para el Pueblo, ha registrado una caída superior al 88% en la resolución de recursos de revisión. Mientras que en 2024 el extinto instituto resolvió 53,233 asuntos, la nueva entidad apenas atendió 5,921 casos entre marzo de 2025 y la fecha actual, según datos oficiales que evidencian una reducción drástica en la capacidad de respuesta del sistema de rendición de cuentas.
La disminución en la productividad coincide con la entrada en operación de Transparencia para el Pueblo en junio de 2025, tras las reformas a la Ley Federal de Transparencia que disolvieron al INAI el 20 de marzo de ese mismo año. En el primer trimestre de 2025, cuando el INAI aún funcionaba, se resolvieron más de 8,000 recursos, cifra que contrasta con el promedio mensual del nuevo organismo. Julieta del Río, excomisionada del INAI, señaló que no existe manera de evaluar el desempeño del nuevo órgano debido a la falta de datos públicos sobre su operación, lo que dificulta medir la eficacia real de la institución heredera.
En medio de este escenario de opacidad, el Órgano Interno de Control (OIC) emitió una determinación que obliga al Instituto Nacional Electoral (INE) a transparentar detalles del contrato INE/050/2025, relacionado con la adquisición de más de 300 cámaras de videovigilancia para ocho edificios y 32 juntas locales. El INE había intentado reservar esta información por cinco años, argumentando que su divulgación ponía en riesgo la seguridad nacional y la integridad de su personal ante la violencia que enfrenta el órgano electoral.
Sin embargo, el OIC revocó dicha reserva al determinar que el contrato no revela aspectos técnicos ni detalles de infraestructura que puedan poner en riesgo la seguridad nacional, ni la vida, seguridad o salud de persona física alguna. Esta decisión surge tras un recurso de revisión solicitado por el medio de comunicación La Silla Rota, que cuestionó la clasificación de la información como reservada. El INE había justificado la medida alegando que su equipo de seguridad no se había actualizado desde 2008 y resultaba inadecuado para las condiciones actuales.
La controversia sobre el contrato con la empresa Verkada pone de manifiesto las tensiones entre la necesidad de protección de las instituciones electorales y el derecho de acceso a la información. Aunque el OIC ordenó la publicación de partes del contrato, las fuentes consultadas no especifican qué elementos exactos deberán ser divulgados ni los costos específicos involucrados en la adquisición del equipo de vigilancia.
El contexto actual marca un contraste significativo con el volumen de trabajo previo: en 2024, el INAI recibió un millón de solicitudes de información, estableciendo un precedente de alta demanda social por datos públicos que ahora queda bajo la administración de un organismo con capacidad de resolución mermada. La falta de cifras sobre cuántas solicitudes ha recibido Transparencia para el Pueblo desde su creación impide completar el panorama sobre la saturación o eficiencia del nuevo sistema.
La extinción del INAI y su sustitución por Transparencia para el Pueblo representa uno de los cambios estructurales más relevantes en la administración pública federal reciente. A medida que avanza el primer año de operación del nuevo ente, la sociedad y los actores políticos mantienen la expectativa de que se clarifiquen los criterios de reserva de información y se restablezca el ritmo de resolución de controversias que garantizaba el antiguo instituto.