Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y afirmó que continuará con la defensa del sistema de justicia profesional ante intentos de desmantelarlo. La organización señaló que la concentración del poder representa el riesgo principal para los derechos humanos y aseveró que cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección.
En un comunicado, la Jufed destacó que el Juicio de Amparo constituye el último baluarte que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal. “Debilitar estas instituciones no es democratizar la justicia, es dejar a la sociedad en un estado de indefensión”, indicaron. Los integrantes del Poder Judicial, tanto en activo como en retiro, enfatizaron que su juramento de defender la Constitución es un compromiso ético con la división de poderes y no responden a intereses facciosos.
La asociación exigió que se atiendan las condiciones en que administran justicia las personas juzgadoras de carrera judicial, así como la necesidad de contar con perfiles experimentados y con habilidades técnicas, sin contaminación partidista. Advirtieron que “cualquier modificación o reforma que no integre estas consideraciones será solamente retórica que no abona a enfrentar los desafíos de la impartición de justicia”.
Durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integrarían con personas con experiencia, específicamente con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. También propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renovaran paulatinamente, sugiriendo que la Presidencia de estos órganos fuera votada por sus pares cada dos años.
Sánchez Cordero también propuso modificar los artículos 95 y 97 para que, para ser ministro de la Corte, se requiera únicamente la ciudadanía mexicana y no la nacionalidad por nacimiento, además de considerar esencial garantizar el respeto total a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Sobre la renovación, la exministra manifestó: “No se pueden renunciar todos y no pueden quedarse y deben quedarse paulatinamente su renovación”.
Por otro lado, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios para la elección de juzgadores en 2027, pronunciándose consejeras electorales por el uso de la urna electrónica. Sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no hay garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó.
Cabe recordar que tras la aprobación de la reforma judicial en 2024, algunos jueces, magistrados y trabajadores administrativos tramitaron más de mil recursos contra la enmienda, la cual fue determinada como vigente y legal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2024. En sexenios anteriores, diversos tribunales desecharon cientos de amparos relacionados con obras de infraestructura como el AIFA, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.