Por Redacción

Tulum, 27 de agosto de 2026.- La Riviera Maya atraviesa circunstancias más graves que las vividas durante la pandemia de Covid-19, caracterizadas por una crisis en la economía internacional que ha provocado el desplome de la afluencia de extranjeros. La ocupación hotelera en destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum ronda apenas el 30 por ciento o menos, mientras el sargazo se multiplica en las costas y los apoyos oficiales no llegan a los afectados.

La aviación ha comenzado a cancelar rutas hacia Cancún y Tulum. El Aeropuerto Internacional de Cancún registra este mes “las peores jornadas del año”, al no superar los 400 vuelos diarios, informó Reportur.us. WestJet ha cancelado 12 vuelos diarios a ese destino turístico, Delta Air Lines reporta menor frecuencia en rutas internacionales y Magnicharters suspendió de plano sus operaciones nacionales.

En Tulum, los comercios lucen vacíos y solo transitan lugareños en zonas habitualmente recorridas por visitantes europeos, canadienses y estadounidenses. La mitad de los restaurantes no abre y, aquellos que lo hacen, apenas ocupan algunas mesas, aunque deben cubrir cargas impositivas, salariales y de luz. A esto se suman extorsiones por parte de funcionarios municipales y estatales; específicamente, policías del gobierno morenista portan terminales bancarias para exigir pagos cuantiosos.

El martes, diversos actores sostuvieron una reunión de emergencia donde ubicaron los orígenes de la situación en el contexto mundial, citando que las economías no crecen y existen guerras militares y económicas. En dicho encuentro lamentaron la lentitud de los resultados, si es que los hay, de las medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante sus visitas.

A la crisis turística se suma la suspensión definitiva del tramo 5 del Tren Maya, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administración con sede en Mérida, Yucatán. Mientras tanto, el senador Enrique Inzunza mantiene su escaño bajo el fuero, ignorando exhortos presidenciales y de Morena, con el objetivo de conservar la protección oficial y su salario en efectivo debido a que sus cuentas bancarias están bloqueadas por presuntos nexos con el crimen organizado.