Por Redacción
Ciudad de Mexico, 12 de agosto de 2026.- Casi dos años después de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) transfirió más de 300 mil expedientes al Archivo General de la Nación (AGN), la documentación continúa en proceso de revisión y no se encuentra disponible para consulta pública, informó el organismo.
La transferencia, realizada en septiembre de 2024, incluyó videos, fotografías, tarjetas y expedientes correspondientes a actividades de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) entre 1965 y 1990. Este envío formó parte del decreto publicado en febrero de 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo el CNI el único organismo de dicha administración que envió documentos al Archivo, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no remitió ningún archivo a pesar de la orden.
De acuerdo con un documento entregado por el AGN, “actualmente los documentos del Centro Nacional de Inteligencia entregados al Archivo General de la Nación hasta septiembre de 2024, se encuentran en proceso de cotejo y revisión”. El avance reportado con corte al 24 de julio de 2026 es del 76.4% de las cajas y unidades de instalación cotejadas y revisadas.
Sobre la disponibilidad para la ciudadanía, el AGN señaló que “no es posible establecer una fecha de conclusión a los procesos citados” debido a las características de cada soporte documental y el tiempo que demanda su revisión. Mientras concluye este proceso para verificar el estado de conservación y garantizar el control y resguardo, “los documentos aún se encuentran en proceso de incorporación” y “sólo están disponibles para ser consultados por las autoridades de procuración e impartición de justicia”.
El índice digital de los documentos incluye fotografías y videos internos de la DFS, seguimiento a movimientos como la Liga Comunista 23 de Septiembre, así como registros de las primeras marchas del Orgullo Gay en la década de los ochenta. Una vez finalizada la revisión, cualquier persona podrá consultarlos de forma íntegra.
Este martes 11 de agosto, la historiadora y buscadora Alicia de los Ríos Merino consideró que el amparo concedido por un tribunal colegiado representa un paso relevante para esclarecer las violaciones graves a los derechos humanos relacionadas con estos archivos.