Por Redacción
Mexicali, 26 de julio de 2026.- La captura de cuatro menores de edad involucrados en un secuestro y tres implicados en un asesinato ha evocado el abandono institucional que sufren los menores en la entidad, mientras el oficialismo pide el endurecimiento de las penas. En poco más de una semana, ocho menores fueron detenidos vinculados a crímenes como secuestro y homicidio.
Dos de los ocho detenidos tenían 13 y 14 años de edad. Tres de ellos fueron señalados como autores del asesinato de Flaviano López Martínez, de 50 años, conductor de InDrive, a quien habrían matado de un balazo, trasladado a un terreno despoblado donde incendiaron su cuerpo, no sin antes videograbarlo, exhibirlo y ridiculizarlo. Los otros cinco fueron capturados en Playas de Tijuana por privación de la libertad.
Ante estos hechos, la única respuesta del sector político ha sido la del diputado Juan Manuel Molina, quien propone endurecer las penas contra menores infractores. Sin embargo, este enfoque centra el debate en establecer como únicos responsables a los adolescentes, sin analizar las condiciones materiales de la población, la precarización en la que viven, su susceptibilidad a la delincuencia organizada, ni la falta de atención temprana de salud mental.
El contexto de esta situación remite a septiembre de 2022, cuando funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), acompañados de la Fiscalía General del Estado (FGE), cerraron la casa hogar “A Way Out”. Este inmueble, dirigido por la activista Gabriela Ortiz en la colonia Robledo de Mexicali, atendía a niños y adolescentes que ninguna otra institución recibía, incluyendo jóvenes con historial criminal, consumo de enervantes o vínculos con la delincuencia organizada.
El albergue cerró sus puertas debido a la detección de supuestos abusos que nunca fueron confirmados. Las acusaciones emitidas por el DIF y la FGE no pudieron sostenerse y cada señalamiento fue desacreditado. Por ejemplo, aunque menores denunciaron que los obligaban a hacer sus necesidades en baldes, la realidad era que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) dejó sin agua al lugar por varios días, lo que obligó a usar alternativas ante la necesidad y la sobrepoblación.
Gabriela Ortiz, quien logró el inmueble mediante un comodato, denunció durante muchos años abusos e intentos de corrupción de funcionarios, principalmente durante la época del PAN, cuando condicionaban apoyos a cambio de devolver una parte en efectivo. Al no prestarse a ello, fue castigada varias veces. Su salida dejó sin atención a menores en riesgo delictivo real.