Ciudad De México, 29 de mayo de 2026.- El Senado de la República aprobó con 87 votos a favor y 40 en contra la reforma constitucional en materia judicial. La modificación aplaza hasta junio de 2028 la elección judicial y permite la reelección por seis años de los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La reforma modifica la estructura interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ahora operará en dos secciones sujetas a la aprobación del pleno. Asimismo, reduce de nueve a ocho años el periodo de los magistrados y jueces que resulten electos en la jornada judicial de 2028.
De acuerdo con la iniciativa, la jornada electoral de las elecciones judiciales federal y locales se celebrarán de forma coincidente el primer domingo de junio de 2028. El Senado publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas a más tardar el 30 de abril del año anterior a la elección judicial.
El proceso de selección contempla que cada Poder integrará un Comité de Evaluación, quienes elegirán de entre sus integrantes a la persona que coordine sus trabajos. Las personas coordinadoras de los tres Comités integrarán una Comisión Coordinadora y cada uno de los Poderes de la Unión postulará dos personas para cada cargo.
La reforma abre la posibilidad de que cuatro de los seis magistrados del TEPJF prolonguen a 2033 la gestión que iniciaron en 2016. Los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón fueron nombrados en noviembre de 2016.
Sobre la reelección, una reserva presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena) establece: “Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028”.
En contraste, el senador panista Marko Cortés declaró: “La reforma de la reforma no busca justicia, lo que busca es control”. Al tratarse de una reforma constitucional, el dictamen pasó a las legislaturas de los estados, donde se requiere que sea ratificado por al menos 17 de ellas.