Washington, 28 de mayo de 2026.- Estados Unidos reintrodujo el miércoles las sanciones contra Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. La lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) ha sido actualizada para incluir el nombre de la jurista italiana, quien había visto retiradas las medidas por parte de la Administración de Donald Trump hace tan solo una semana.
La reinstauración de la sanción ocurre después de que un tribunal de apelaciones frenara el pasado viernes la decisión de un juez federal de Washington, quien había suspendido las medidas impuestas en 2025 por el Gobierno republicano. Dicho magistrado había concluido en su resolución del día 13 que la Administración probablemente violó el derecho a la libertad de expresión de Albanese, señalando que sus acciones fueron “más que hablar”.
Ante lo anterior, la Administración del republicano presentó una moción de urgencia ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. Un panel formado por tres magistrados emitió una suspensión administrativa de la resolución del juez federal, lo que permitió al Gobierno estadounidense volver a aplicar la designación de Albanese como nacional extranjera sancionada.
La orden del tribunal de apelaciones indicó explícitamente que la medida era de carácter procesal y “no debe interpretarse de ninguna manera como un fallo sobre el fondo” de la apelación. Con esta suspensión, Cali y su hija, quienes tienen ciudadanía estadounidense y son representados por el esposo de la relatora, Massimiliano Cali, podrán ahora apelar la moción de urgencia.
La lista SDN funciona como una lista negra global que impide a los incluidos utilizar las principales tarjetas de crédito o realizar transacciones bancarias. Esta medida es una represalia por las críticas de la jurista italiana a la ofensiva israelí en la franja de Gaza y al trato que somete a los palestinos.
La primera vez que el Gobierno Trump impuso sanciones contra Albanese fue en julio de 2025, dentro de un conjunto de sanciones aplicadas también a 11 jueces, fiscales y juristas del Tribunal Penal Internacional (TPI). En aquella ocasión, el Gobierno estadounidense justificó su decisión alegando que era una respuesta a las iniciativas de Albanese para que el TPI juzgara a funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes.