Ciudad de Mexico, 14 de abril de 2026.- La sanidad pública de México ha comprado fármacos a distribuidores irregulares por valor de 9,500 millones de pesos de 2021 hasta la fecha. De acuerdo con una revisión de los contratos asignados a las empresas que figuran en el Listado de Distribuidores Irregulares de Medicamentos, creado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en gran parte de los Estados y en las grandes instituciones de salud se recibieron medicinas distribuidas por estas compañías.
En un millar de contratos con una veintena de Estados y con las grandes instituciones de salud, empresas que luego fueron señaladas por no cumplir las legislaciones sanitarias y administrativas vendieron sus productos a hospitales públicos. En total, 28 de los 162 distribuidores irregulares identificados lograron 1,360 contratos públicos con el sector salud. Las empresas infringen la regulación sanitaria al operar sin autorización o sin cumplir los requisitos normativos.
La parte del león fue para la empresa Ethomedical, que recibió casi 8,000 millones de pesos en 2021 y 2022, y que está dentro del listado por contar “con irregularidades graves y se encuentra suspendido”, según la Cofepris. Esta empresa obtuvo la inmensa mayoría por adjudicación directa y para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ethomedical ha sido vinculada con Aldo Díaz Pérez, socio del yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien ha negado conocer a esta persona.
Los cambios que desde 2018 han experimentado los sistemas de compra de medicamentos y que llevaron al desabastecimiento de medicinas facilitaron compras de emergencia que beneficiaron a este tipo de distribuidores. De acuerdo con las denuncias y alertas presentadas por las autoridades, este mercado se ha multiplicado por cinco desde 2018, en paralelo a los problemas de desabasto existentes en el sector salud.
Un documento interno de la Comisión señala que “México se ubica entre los primeros seis países de venta y distribución de medicamentos falsificados y clandestinos a nivel mundial”. Entre 2021 y 2025, diferentes distribuidores de medicamentos que luego fueron sancionados por prácticas ilegales colocaron medicinas y fármacos por al menos 9,500 millones de pesos, unos 450 millones de dólares, en el sector público de salud mexicano.