Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) respaldó la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU de llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General. Se trata de la primera vez que se activa este mecanismo extraordinario ante un problema que las organizaciones califican como generalizado y documentado por más de una década.
Ante este desarrollo, el Gobierno de México rechazó el informe realizado por el Comité, acusando que está desactualizado y carece de rigor jurídico. A través de un comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, la administración federal negó que permita o tolere desapariciones forzadas y señaló un conflicto de interés, pues uno de los integrantes del Comité trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra el país.
Las autoridades reprobaron el documento por considerarlo “parcial, sesgado y tendencioso”, al referirse a casos ocurridos en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El Ejecutivo añadió que, antes de emitir el texto, el Comité omitió considerar la actualización de información presentada por la Secretaría de Gobernación el pasado 27 de marzo. En su defensa, el Gobierno afirmó: “El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual”.
Por su parte, el informe del Comité advirtió que la recurrencia de las desapariciones en el país tiene que ver con fallas estructurales en el sistema de búsqueda mexicano y documentó la falta de respuesta del Estado, señalando que en algunos casos, como en Jalisco, han participado autoridades locales. No obstante, el propio Comité reconoce que no hay indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
Organizaciones civiles acusaron al Gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar la descalificación como una técnica para evadir su responsabilidad internacional ante la crisis. La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves al Estado mexicano aceptar la cooperación técnica internacional para atender la situación, recordando que la crisis afecta directamente a más de 132 mil familias.
En un hecho paralelo relacionado con la búsqueda de personas, el jueves 2 de abril de 2026 se llevó a cabo el sepelio de Marco Antonio Saucedo Rocha, hijo de Ceci Flores, líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. El último adiós tuvo lugar alrededor de las 17:00 h en el Panteón Municipal, al norte de Hermosillo. Una prueba de ADN confirmó esta semana que los restos óseos localizados en un predio de esa ciudad corresponden a Saucedo Rocha, quien desapareció en 2019. Los restos fueron hallados el 24 de marzo durante diligencias en el kilómetro 46 de la carretera 26, en la zona rural de Hermosillo, tras casi seis años de búsqueda.
Sobre el contexto de violencia, Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, alertó que la impunidad en el país se produce en el 95 por ciento de casos de homicidios contra periodistas, cifra que elevó al 100 por ciento cuando se trata de desapariciones. “Las agresiones contra periodistas van a la alza. México se vuelve a colocar como uno de los principales países más violentos y mortíferos contra la prensa a nivel mundial”, declaró Mendiola.