Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno de México informó que existen 132 mil 534 personas con estatus de desaparecidas en el país hasta el corte del 26 de marzo de 2026. Durante la presentación del informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, detalló que de esta cifra total, 130 mil 178 corresponden a registros posteriores a 2006, mientras que 2 mil 356 son casos históricos previos a esa fecha.
El registro histórico acumulado de 1952 a 2026 asciende a 394 mil 645 personas. De este universo, se ha logrado localizar a 262 mil 111 individuos, lo que representa el 66 por ciento del total. Dentro del grupo de localizados, 240 mil 211 fueron encontrados con vida y 21 mil 900 sin vida. La funcionaria precisó que, desde octubre de 2024 hasta marzo de 2026, se ha conseguido la ubicación de 31 mil 946 personas.
Al desglosar los 130 mil 178 casos activos desde 2006, las autoridades identificaron tres grupos principales. El primero integra a 46 mil 742 registros con datos insuficientes para iniciar una búsqueda efectiva, ya que carecen de nombre, sexo, fecha de nacimiento o lugar de los hechos. El segundo grupo consta de 40 mil 308 personas que presentan actividad o trámites administrativos posteriores a su reporte de desaparición; de estos, ya han sido ubicadas 5 mil 269.
El tercer grupo está conformado por 43 mil 128 casos que cuentan con datos completos pero no registran actividad reciente. Sobre este segmento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló una crítica disparidad en la respuesta institucional: de dichos 43 mil 128 expedientes, únicamente 3 mil 869 cuentan con una carpeta de investigación o averiguación previa abierta, mientras que más de 26 mil permanecen solo como reportes administrativos sin indagatoria formal.
Ante este escenario, la mandataria anunció que se reforzarán las obligaciones legales para garantizar que toda desaparición derive en una investigación formal. Sheinbaum explicó que, tras las reformas legales recientes, la omisión de un servidor público para abrir una carpeta de investigación puede derivar en responsabilidades administrativas, como multas o destitución, e incluso en procesos penales. La jefa del Ejecutivo indicó que las víctimas deberán denunciar estos casos para activar los mecanismos de sanción contra los funcionarios omisos.
Marcela Figueroa añadió que el 78 por ciento de las personas no localizadas son hombres de entre 30 y 59 años, y el 22 por ciento restante son mujeres de 18 a 29 años. Respecto a los casos históricos anteriores a 2006, la titular del SESNSP mencionó que están vinculados mayoritariamente a periodos de represión estatal y que su búsqueda se realiza en coordinación con colectivos de víctimas y familiares.