Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 25 de marzo de 2026 una acusación formal contra Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, originarios de Arizona, por conspirar para proveer apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras al vender armas a los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa. La imputación marca uno de los primeros casos criminales de este tipo tras la designación de ambos grupos delictivos como entidades terroristas por el gobierno estadounidense en febrero de 2025.
Según los cargos detallados por las autoridades federales, los acusados realizaron ventas de armamento en al menos cinco ocasiones entre febrero y mayo de 2025, aprovechando la licencia federal de la armería ‘Grips by Larry’, propiedad de Gray. La investigación señala que ambos individuos vendieron pistolas, ametralladoras semiautomáticas y un rifle Barrett calibre 50 a sabiendas de que estas serían traficadas hacia México para fortalecer los arsenales de las organizaciones criminales.
La acusación incluye delitos de tráfico de armas de fuego, así como ayudar e instigar a compradores de paja —intermediarios que adquieren legalmente el armamento para terceros— y provocar que estos dieran falsos testimonios durante las compras. En el caso específico de Gray, se añade el cargo de apoyo material al terrorismo. Las penas previstas por cada uno de estos delitos oscilan entre 10 y 20 años de prisión, además de sanciones económicas que podrían ascender a cientos de miles de dólares.
El caso resalta la proximidad operativa de los acusados con la frontera, ya que la armería involucrada se ubicaba a menos de 15 minutos de Naco, Sonora. Aunque el gobierno mexicano había demandado anteriormente a otras cinco tiendas de armas en Arizona en octubre de 2022 por prácticas similares, ‘Grips by Larry’ no figuraba en aquella lista inicial, lo que demuestra la continuidad y evolución de las redes de suministro ilegal hacia el sur de la frontera.
Esta acción legal ocurre en un contexto de endurecimiento de las políticas de seguridad entre ambos países, donde Estados Unidos ha incrementado la presión sobre el flujo de armas hacia el vecino del sur. La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas permite ahora a la justicia americana aplicar estatutos más severos contra quienes faciliten su operatividad logística y militar desde territorio estadounidense.