Torreón, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Delegación Laguna I, reportó avances en la investigación del presunto fraude inmobiliario conocido como ‘Cártel Inmobiliario’, con 60 denuncias formales y 12 órdenes de aprehensión giradas contra presuntos involucrados, mientras un grupo de afectados se manifestó exigiendo justicia y mayor celeridad en los procesos.
El delegado regional Carlos Rangel informó que se estableció una estrategia de atención directa a las víctimas, quienes en su mayoría integran un grupo inicial de 27 personas que denuncian un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos. Detalló que durante este tiempo se han llevado a cabo más de 20 sesiones de trabajo, tanto colectivas como individuales, y que actualmente hay dos mujeres detenidas y una más fue reaprehendida recientemente.
Sin embargo, los afectados mantienen discrepancias con la versión oficial. Alfonso Serrano, uno de los perjudicados, acusó al fiscal general Federico Fernández Montañez de negarles atención adecuada, citarlos a las 9:00 a.m. y atenderlos hasta las 7:00 p.m., además de no responder llamadas a un número personal proporcionado. Serrano sostuvo que las órdenes de aprehensión no sirven si no se ejecutan.
De acuerdo con lo informado por el delegado Rangel, la mayoría de las carpetas de investigación ya han sido integradas y judicializadas, aunque reconoció que aún falta la localización de dos personas señaladas como los principales organizadores del esquema fraudulento, quienes ya cuentan con órdenes de aprehensión pero han promovido amparos para evitar su captura.
Las víctimas denuncian tortuguismo y nula actuación de la Fiscalía General del Estado. Según reportes de prensa, uno de los principales actores, el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, habría huido a España, mientras que uno de los implicados ha sido detenido y liberado en tres ocasiones. De las 60 denuncias presentadas, solo dos casos han sido judicializados según el conteo de los afectados.
El delegado Rangel subrayó que existe comunicación constante con las víctimas, incluso mediante un grupo de WhatsApp donde participan autoridades y afectados, lo que ha permitido dar seguimiento puntual a cada caso. Respecto a señalamientos sobre la posible participación de funcionarios estatales y municipales, el funcionario fue enfático al señalar que ‘la ley va a ser pareja’ y que se llegará hasta las últimas consecuencias.
La Fiscalía mantiene abiertas las puertas para recibir nuevas denuncias, ya que se tiene conocimiento de más posibles víctimas que aún no han formalizado sus querellas. El caso continúa bajo investigación mientras los afectados exigen soluciones concretas y el castigo de los responsables del esquema fraudulento que operó en la Comarca Lagunera.