Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en la madrugada de este miércoles el dictamen del llamado ‘Plan B’ en materia electoral, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum tras no alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados con su propuesta original. La votación final registró 87 votos a favor y 41 en contra, consolidando el respaldo de la coalición gobernante integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), aunque con matices internos respecto al contenido constitucional.
La sesión, que se extendió cerca de la media noche, confirmó la aprobación de las modificaciones legislativas enfocadas principalmente en la reducción de privilegios y el ajuste de estructuras de representación local. Durante el debate, la presidenta Sheinbaum destacó que lo fundamental es la eliminación de excesos en el gasto público y aclaró que los legisladores tienen la facultad de votar distintos puntos de manera independiente, señalando que ‘se puede votar una cosa y otra no’.
El Partido del Trabajo (PT) condicionó su apoyo a la iniciativa general, pero mantuvo una reserva específica sobre el artículo 35 de la Constitución, relacionado con la revocación de mandato. Alberto Anaya, coordinador parlamentario del PT, informó que su bancada acompañaría la ley y la modificación constitucional en lo general, pero se separó del contenido referente a adelantar la consulta de revocación a 2027. En el mismo sentido, la senadora Lizzet Sánchez argumentó que la revocación de mandato es un ejercicio que debe organizarse con responsabilidad y no mezclarse en la misma jornada comicial con la elección de partidos políticos.
Por su parte, Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, defendió el proceso de negociación llevado a cabo para lograr los votos necesarios. El legislador afirmó que realizaron un trabajo privado para dar resultados en el pleno, actuando bajo una visión de Estado para cuidar la arquitectura legal del país y preservar a la coalición gobernante. Esta declaración surge en un contexto donde Alejandro Moreno, presidente del PRI, denunció públicamente que existieron presiones hacia legisladores de otras bancadas, incluyendo ofrecimientos económicos o ‘cañonazos’, para convencerlos de votar a favor del dictamen, acusaciones que no fueron detalladas con pruebas específicas en el recinto.
Con esta aprobación en la cámara alta, la reforma electoral avanza en su trámite legislativo, centrando sus efectos en la disminución del financiamiento a organismos electorales y la limitación del número de regidores en los ayuntamientos. La exclusión de la modificación sobre la fecha de la revocación de mandato, lograda mediante la reserva del PT, marca una diferencia sustancial respecto a las intenciones iniciales del ejecutivo federal, reflejando los equilibrios políticos necesarios para destrabar la legislación en el Congreso.