Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias y desechos peligrosos, Marcos A. Orellana, alertó sobre el aumento descontrolado y exponencial de la ganadería industrial en México durante la última década. Al concluir su segunda visita oficial al país, realizada del 9 al 20 de marzo de 2026, el funcionario internacional señaló que el modelo de producción ha escalado a niveles que rebasan la capacidad de regulación ambiental y afectan directamente a las poblaciones locales.
En sus declaraciones preliminares, Orellana enfatizó que el uso del término ‘granjas porcícolas’ funciona como un eufemismo para describir lo que realmente son instalaciones industriales masivas o fábricas de animales. El relator puso como ejemplo casos donde existen granjas que albergan 50 mil cerdos en comunidades con apenas 1,500 habitantes, una disparidad que ilustra la magnitud de la operación frente a la densidad poblacional humana en las zonas de influencia.
La Cancillería mexicana y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) emitieron un comunicado conjunto confirmando que el experto realizó recorridos por entidades como Sonora, Campeche, Tlaxcala, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro y Yucatán. Durante esta gira de trabajo, sostuvo encuentros con más de 15 dependencias del Gobierno Federal, así como con autoridades de los tres Poderes de la Unión, para revisar los avances en materia de protección ambiental y gestión de residuos.
Ileana Villalobos Estrada, subsecretaria de Regulación Ambiental, participó en las mesas de trabajo junto al subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos para atender las observaciones del organismo internacional. Las autoridades federales recibieron las conclusiones preliminares del relator, quien destacó la necesidad de dimensionar correctamente el tamaño de la industria para enfrentar sus externalidades negativas.
El especialista indicó que, además de la industria porcina, ha sido informado por organizaciones de la sociedad civil sobre la existencia de numerosas granjas avícolas cuyos impactos comienzan a verse en las comunidades donde se instalan. Estas observaciones forman parte de un examen más amplio sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión ecológicamente racional de desechos peligrosos derivados de la actividad productiva.
Las conclusiones detalladas y las recomendaciones específicas derivadas de esta misión serán integradas en un informe final que se publicará en el segundo semestre del año. Este documento oficial servirá como base para evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia ambiental y de salud pública frente a la expansión de las unidades de producción animal concentrada en territorio nacional.